El Poder ejecutivo reglamentó la Ley de Medios

A través del decreto 1225/2010, publicado este miércoles 1 de septiembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, también conocida como Ley de Medios. De esta manera, el nuevo marco legal que regula los servicios audiovisuales ya entró en vigencia, a pesar de que uno de sus artículos principales, el que define el plazo de un año para la adecuación de la cantidad de licencias o la composición societaria a lo dispuesto por el texto de la nueva ley, aguarda todavía una definición de la Justicia.

El artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue reclamado ante la Justicia por el Grupo Clarín, al cual el Estado respondió con un recurso de la Corte Suprema. Todavía se espera la resolución final de la Justicia.

El diario argentino El Cronista explica que el plazo de devolución de licencias no comienza a partir de la puesta en vigencia de la Ley de Medios, sino que se contará a partir de que la nueva autoridad de aplicación —la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)— emita una resolución vinculada a ello. A partir de ese momento, los propietarios de las licencias excedentes podrán transferirlas a un tercero que cumpla con los requisitos legales, o devolverlas a la autoridad para su licitación. En caso de que un titular se niegue a desprenderse de las licencias excedentes, la transferencia se puede realizar “de oficio”.

Vale aclarar que la Ley de Medios especifica que las autorizaciones y servicios de comunicación audiovisual son intransferibles, pero pese a esto, el artículo 161 explicita que al solo efecto de la adecuación se permitirá la transferencia de licencias.

Gabriel Mariotto explicó que si bien se aguarda todavía por la definición de la Corte Suprema sobre el artículo 161, la Ley de Medios ya puede ser aplicada, y que las autoridades ya avanzan en el proceso para garantizar que las empresas se ajusten a la norma en cuanto se destrabe la medida judicial. Es decir, el regulador tendrá lista la resolución para emitirla en cuando la Justicia se expida sobre el artículo 161.

La Ley de Medios permite poseer hasta 24 licencias para servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones, a determinar por la autoridad de aplicación. Esto rige para la televisión paga por cable. Por otra parte, cada empresa podrá ser titular de sólo una licencia de comunicación audiovisual por suscripción sobre soporte satelital, y la tenencia de esta licencia además excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual. Finalmente, cada empresa podrá tener hasta 10 licencias más la titularidad de una señal de contenidos en lo que respecta a radiodifusión sonora, televisión abierta y televisión por suscripción con uso de espectro radioeléctrico. Y además, la multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35 por ciento del total nacional de habitantes o abonados al servicio.

Uno de los grupos afectados por la devolución de licencias contemplada en el nuevo marco legal es el Grupo Clarín, que está enfrentado desde hace tiempo con el Gobierno. Recientemente el Gobierno ha adoptado otras medidas que afectan los intereses del grupo, entre ellas, la declaración de caducidad de la licencia de Fibertel —ISP de Cablevisión, el operador de televisión por cable del grupo— y una denuncia judicial sobre la adquisición de Papel Prensa, acompañada por una iniciativa que apunta a declarar de interés nacional la fabricación y distribución de papel para periódicos.

Mientras tanto, distintos sectores de la oposición manifestaron su disconformidad con la reglamentación de la Ley de Medios. Según el diario Clarín, diputados de la UCR y de la Coalición Cívica plantearon que la reglamentación no se puede aplicar, porque la Ley está “técnicamente suspendida” debido a los procesos judiciales en marcha. La postura más extrema es la de la diputada Beatriz Daher, del Peronismo Federal, que plantea la derogación del decreto y buscará encaminarla a través de un proyecto en la Cámara de Diputados. De otra parte, el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, consideró que mientras los reclamos ante la Justicia no prosperen, la Ley está vigente y los plazos “empiezan a correr”.

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