Uruguay monopoliza ToIP para proteger a Antel y baja precios para contentar a los usuarios

Uruguay es, sin duda, uno de los mercados más avanzados —y sensatos— a la hora de encarar su sector de las telecomunicaciones. Pero como todo entorno idílico regentado por seres humanos encontramos “peros” residuales a su gestión, que el Ejecutivo de ese país intenta camuflar con malabares político-económicos.

El país se ubicó en primer lugar de las naciones más tecnológicas de Latinoamérica, según el ranking de Latin Business Chronicle, principalmente por el crecimiento de las comunicaciones móviles, seguida de Panamá. Sin embargo, mientras Panamá ofrece conexión a Internet a 1 Mbps de manera gratuita, en Uruguay le cuesta despegar en lo que a oferta de banda ancha se refiere y del total de conexiones abanda ancha en el país tan sólo 16,9 por ciento es de 1 Mbps, según el Barómetro Cisco de Banda Ancha.

El retraso en el desarrollo de la banda ancha fija es fácilmente explicable: Uruguay cuenta con un operador fijo estatal que opera en exclusividad en telefonía fija y domina con claridad en los accesos fijos a Internet y que, por lo tanto, emplea prácticas monopolísticas que intenta suavizar de vez en cuando.

Recientemente las aguas tranquilas del monopolio de Antel se convulsionaron cuando el Gobierno anunció un cambio de numeración —que antepuso un dígito a toda la numeración fija nacional. El sindicato de Antel (Sutel) y el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (Pit-Cnt) criticó la modificación afirmando que ésta podría poner en peligro el monopolio del operador estatal sobre la telefonía fija.

Para mantener el estanque en calma, el Gobierno uruguayo emitió un decreto recordando que la prestación de servicios telefónicos a través de tecnología IP sólo puede ser ofrecida por el operador estatal Antel. Esto se debe a que el artículo 6 del Decreto-Ley 14.235 de 1974 le otorga a la empresa estatal el monopolio sobre la telefonía fija.

Fuentes del Ministerio de Industria explicaron al periódico uruguayo El País que la declaración sólo afectaría a las empresas que quisieran ofrecer servicios de telefonía sobre IP (ToIP) en el futuro. Además, aclararon que esta disposición no aplica para las comunicaciones internas sobre esta tecnología que mantienen empresas e instituciones.

Es decir, una de las naciones más avanzadas a nivel tecnológico en Latinoamérica le da un espaldarazo al mercado ToIP bajo competencia mientras que en mercados maduros donde curiosamente Uruguay tiende a informarse ya han desarrollado este mercado, como sucede en Europa y Estados Unidos.

El gobierno rápidamente explicó que la ley “no regula los servicios” de llamadas a números fijos que ofrecen empresas como Skype, porque las licencias “no son otorgadas por el Estado uruguayo”. Esto se debe a que, por un lado, estas empresas —Skype o ahora también Google— están ubicadas fuera de Uruguay y, por otro lado, si quisieran instalarse en el país no obtendrían autorización para operar porque el marco legal no lo permite. En consecuencia, las llamadas establecidas a través de estas empresas son consideradas como “prácticas anti reglamentarias” donde el Estado —por un vacío legal— no puede prohibirlas.

A pesar del monopolio estatal en telefonía fija, Uruguay ha intentado maniobrar para que ese hecho no frenara el desarrollo de servicios como el acceso a banda ancha. La alianza público-privada conocida como Plan Cardales, lanzada por el Gobierno para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, se inició en 2008, pero parece haber estado congelado desde mediados de 2009. Entre sus objetivos se proponía un “avance drástico en la conectividad (primer país en el mundo con todos los hogares conectados) y a la vez en el avance de la televisión digital”.

Fueron pocos los que se despeinaron ante el recordatorio del Gobierno sobre la imposibilidad de que empresas ajenas a Antel puedan entrar a competir en el mercado de ToIP. Algunas voces en la Web criticaron la declaración, asegurando que el Decreto está derogado de hecho, y destacaron que el mismo impide la creación de un marco competitivo y sus teóricos beneficios para la sociedad.

Es posible que el propio Antel anestesiara al mercado hace un mes, cuando anunció la rebaja de un 20 por ciento en las tarifas de llamadas hacia teléfonos móviles de los tres operadores: Ancel, Movistar o Claro (América Móvil).

Uruguay, por experiencia propia, sabe que no puede ir en contra de las tendencias mundiales. Y no vamos a preguntarnos si puede legitimarse una situación monopolística con un decreto de 1974 porque nadie imaginaba la existencia de la tecnología IP por esos años. La telefonía IP llegará sin falta, ya sea de la mano de Antel, de una empresa privada o de ambas. El Gobierno, en un intento de conformar el reclamo de sectores sindicales ante el temor de una desestabilización laboral, plantea una incongruencia porque si bien propone —en continuidad con toda la región— la inversión público-privada como estrategia para el despliegue del sector, con el decreto reafirma el monopolio estatal. La personalidad que el sector se ha formado no tardará también en auto declarar que las telecomunicaciones ya no pueden ser mono ni oligopólicas, porque sencillamente no funcionan.

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