Cofetel aumentará el control sobre la calidad de las redes

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) informó esta semana que el Pleno del organismo aprobó la realización de modificaciones al Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Móvil, el instrumento legal que define cómo Cofetel ejerce la supervisión de las redes de los operadores celulares. Los cambios permitirán a Cofetel ampliar el control, que actualmente se limita a los servicios de voz, también a las prestaciones de datos. Según informó el regulador, la actualización de este instrumento será enviada a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), como parte del proceso de mejora regulatoria correspondiente.

Cofetel esperaba enviar la modernización del Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Móvil a la Cofemer a mediados de febrero, pero el presidente del regulador, Mony de Swaan, indicó que demoraría dos semanas más. La revisión de este marco legal comenzó en noviembre pasado.

El Plan  Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Móvil que se encuentra hoy en vigencia data de 2003, cuando fue emitido por la propia Cofetel para establecer indicadores basados en valores de cumplimiento para medir la calidad y el desempeño de las redes de las empresas que prestan el servicio de telefonía celular. Sin embargo, el único servicio que se tuvo en cuenta para la evaluación de calidad fue el de voz, que en el presente —debido a la evolución de la tecnología y de la cultura de uso de ésta— se considera sólo una de las prestaciones posibles de telecomunicaciones. A nadie sorprende ya el hecho de que la telefonía —es decir, la transmisión de voz— ya no es la estrella del sector. Otro aspecto importante tiene que ver con que hoy las mediciones e informaciones las suministra exclusivamente el operador, es decir, el sujeto controlado en lugar del responsable de la supervisión.

Por caso, la regulación vigente no considera la evaluación de calidad del servicio de mensajes de texto (SMS), que forman parte de los servicios de datos, cuando la importancia de esta prestación a estas alturas está fuera de discusión. De hecho, Chile tiene entre sus proyectos para el sector establecer un sistema de alertas de emergencia vía SMS, orientado a proteger a la población en caso de desastres naturales. Y tampoco se tiene en cuenta el servicio de acceso a Internet, que hoy es una preocupación central de los gobiernos de la región para la disminución de la brecha digital.

En su comunicado de prensa, Cofetel identificó cinco objetivos que la impulsaron a modernizar el marco regulatorio que rige el control de calidad. En primera instancia, garantizar a los usuarios la mejor calidad y disponibilidad en toda la gama de servicios posibles —voz y datos—, y en segundo lugar, modernizar la regulación vigente. También se busca pasar de un modelo donde la información y las mediciones provienen de las redes de los operadores móviles, hacia uno basado en mediciones a cargo de Cofetel, con mayor representatividad de la percepción del usuario. Atado a esto se encuentra el objetivo de robustecer las facultades de supervisión y verificación de Cofetel, y en quinto y último puesto, generar sinergias entre operadores, usuarios y autoridad a través de la divulgación de los informes generados.

La calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles es un punto obligado en la agenda del regulador. A comienzos de este mes, trascendió que Cofetel planeaba enviar al Congreso un proyecto de reforma legislativa tendiente a aumentar las multas contra los operadores que no cumplan con los niveles de calidad. Es que en enero pasado, las fallas en las redes de los operadores han sido más notorias, de acuerdo con el diario mexicano El Universal.

Por otra parte, la medida también puede ser percibida como una forma de fortalecer las atribuciones de la Cofetel, un organismo cuyo papel muchas veces es cuestionado por las zonas grises y cruces con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Varios de los cuestionamientos desde sectores políticos y la industria apuntan a la falta de claridad en cómo se reparten ambas instituciones las tareas de regulación y control, e incluso desde los propios reguladores se ha hecho en algunas ocasiones alusión a este aspecto.

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