Semana de malas noticias para el Grupo Clarín: ¿chau monopolio?

Los intereses alrededor del multimedio Grupo Clarín han hecho que la empresa, de manera directa por medio de su razón social o indirecta a través de su CEO, Héctor Magnetto, o Directora, Ernestina Herrera de Noble, haya presentado innumerables recursos de amparo en la Justicia en los últimos años referidos a varias causas poniendo en cuestión la legitimidad del Poder Ejecutivo, del Congreso de La Nación y de los tribunales de Justicia referido a los actos públicos, leyes, marco normativo, derecho a la información y derechos humanos. Desde la fusión de sus operadores de cable Multicanal y Cablevisión, pasando por la licencia del ISP Fibertel, la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual y causas relacionadas a delitos de lesa humanidad.

Pero al Grupo Clarín le llegó un momento decisivo, le llegó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de La Nación (CSJN) Argentina. El primero en el que alto tribunal de Justicia ratifica y explicita la legitimidad del Poder Ejecutivo para resolver y aplicar medidas en contra de la empresa. Y aunque el fallo no dice lo que a muchos les hubiera gustado leer, resolución sobre cuestiones de fondo, los altos Magistrados le dicen al Grupo que respete las decisiones del Gobierno.

Nada más y nada menos que “el Poder Judicial no puede reemplazar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en lo que de conformidad con la ley, le son competencias propias”. Por lo tanto, se ratifica la decisión del Gobierno sobre que la fusión de Multicanal y Cablevisión no es válida y en consecuencia también ratifica la decisión de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) sobre la caducidad de la licencia del proveedor de Internet Fibertel.

El Grupo Clarín se vio beneficiado con la devaluación del peso argentino y la sanción de la Ley de Bienes Culturales en 2003 lo cual le permitió reducir su deuda contraída durante la década del 90 y al mismo tiempo aplazar sus obligaciones con acreedores internacionales. Esta ley también conocida como ‘ley Clarín’ intentó perpetuar el camino del monopolio que el Grupo inició en los años 90 beneficiado por el menemismo y que recibió un revés con la sanción de la Ley de Medios en 2009 que, entre otras cuestiones, obliga al grupo a la desinversión. La ley Clarín también limita la participación extranjera en los medios de comunicación nacionales hasta un 30 por ciento al mismo tiempo que se introdujo una acelerada modificación durante su tratamiento en el senado sobre la Ley de Quiebras aplicada a Medios de Comunicación respecto al llamado ‘cram down’ o a la posibilidad de que el acreedor se quede con parte de la empresa ante el incumplimiento del deudor. La modificación limitaba el ‘cram down’ sólo a empresas locales, en su momento analistas internacionales señalaron que esta medida podía significar el fin del crédito externo para el país.

Además, sobre la acción declarativa de certeza iniciada por el multimedio la Corte también rechaza el pedido de Inmunidad Jurídica sobre la fusión de los operadores de cable y revoca una medida cautelar impuesta por un tribunal inferior que ordenó a la CNDC suspender cualquier acción en contra de la fusión de los proveedores de cable. El pedido de la empresa señala que los “accionistas argumentaban que tal declaración de certeza era necesaria para concluir la toma de control del paquete accionario de Cablevisión”. Pero la aclaración le oscureció el panorama al Grupo. La Justica falla y parece que le ordena a Clarín a cumplir la Ley. ¿El Grupo Clarín respetará al Gobierno, a la Corte Suprema, al Congreso, a la Ley argentina? ¿O reclamará ante la Haya? A la CSJN aún le queda fallar sobre el artículo de la Ley de Medios que fija el límite de un año para la desinversión. El próximo fallo de la Corte será el fin de la concentración de Clarín.

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