“Banda ancha móvil para todos, utilizando tecnología LTE en la banda de 2,5 GHz, velocidad y precios nunca vistos en México”, dice el grupo azteca MVS Comunicaciones, propietario del operador de DTH Dish, que junto con Alestra, Clearwire e Intel firmaron un acuerdo para crear un “consorcio concesionario” para desplegar una red nacional LTE en México. La red operará sobre la banda de 2,5 GHz que tiene concesionada MVS, será operada por un tercero y venderá capacidad a operadores que cuenten con licencia para operar servicios de telecomunicaciones móviles. Las empresas estiman una inversión aproximada de 1.000 millones de dólares para comenzar.
Finalmente, este rumor surgido en el mercado en 2009 se hace realidad, aunque en ese momento se especulaba que el despliegue sería con WiMAX, dada la participación de Clearwire. Este consorcio está financiado por Intel que con Alestra —que tiene como accionista a AT&T— y Clearwire buscan replicar el modelo de negocio mayorista en México. Aunque este proyecto podría también ser un indicativo del posible cambio de tecnología de Clearwire hacia LTE, tal como anució que hará Yota en Rusia.
Esta propuesta ya la tiene el Gobierno en sus manos que deberá analizar, evaluar y decidir si se acepta el proyecto. Esto no será nada fácil ni estará libre de futuros conflictos, porque el país, al no tener una legislación actualizada para el sector respecto de su política pública en telecomunicaciones, puede clonar el conflicto vivido con la licitación 21 —el ingreso de Nextel como cuarto operador móvil nacional y el fallido consorcio con Televisa—, pero de varios kilotones más.
MVS tiene concesionado espectro en 2,5 GHz desde la década del noventa que utilizaba para servicios de TV por suscripción por microondas. La compañía tiene 60 títulos de concesión por un total de 190 MHz que le permiten prestar servicios de voz, datos y video a nivel nacional. En 2005 20 de esos títulos se vencieron, el 12 por ciento del total de espectro concesionado, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes negó una prórroga pedida por la compañía porque “terminó la vigencia de los títulos de concesión y el espectro se encontraba en desuso”. Por lo que la empresa inició una serie de acciones de amparo ante la Justicia que aún hoy se encuentran sin resolver. En tanto, el resto de los títulos de concesión vencen en 2018 y 2020.
Además, el presidente de MVS, Ernesto Vargas, dijo que defenderán las concesiones “a capa y espada”. Incluso su socio estadounidense Hicks-Muse Capital Partners, inició el pedido de arbitraje contra el Gobierno de México ante la inacción de las autoridades en la materia para resolver sobre las concesiones, por daños y perjuicios que detienen una inversión de 1.000 millones de dólares, afirmando que la demanda se inscribe en el marco de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC).
La compañía señala que no es una licitación, sino que es una renovación de concesiones. Si en este aspecto, miráramos la licitación 21, diríamos que si el Gobierno aplica la misma política pública que para esa subasta en este caso renovaría la concesión. Porque como se afirmó en esa oportunidad no le interesa al Estado recaudar sino generar las condiciones del mercado para la inversión porque la recaudación no superaría los beneficios que se obtendrían con las inversiones. Sobre esto, muchos amparos reclamaron a la Cofetel la nulidad de la licitación 21 por considerar que se le ocasionaba un grave daño a las arcas del Estado. Si tuviéramos un fallo que responda a esas demandas y señale lo contrario dando la razón al regulador, esto sería más fácil. Pero, si no se resuelven aún las demandas de 2005, menos las de 2010. Según Vargas, la Comisión Federal de Competencia (CFC) como respuesta a una consulta de MVS en noviembre de 2010, dijo que el proyecto es pro competencia y que el costo de oportunidad de no hacerlo es más alto que lo que se pretende recaudar.
Resta que la SCT se expida sobre las concesiones, que el Ministerio de Hacienda establezca lo que debe pagar el consorcio como contrapestación y que la Cofetel defina los lineamientos técnicos del uso del espectro en la frecuencia de 2,5 GHz. Al parecer, para que los primeros se expidan debería antes el regulador definir el uso de la tecnología. Pero más que todo esto, las autoridades en su conjunto deberán decir si esto es posible en el marco jurídico del Estado.
No es ninguna novedad que en telecomunicaciones la tecnología y los negocios van más rápido que la regulación, pero en México la diferencia es abismal. Al Gobierno, funcionarios públicos, jueces y legisladores ya no les queda ninguna excusa para sentarse a hablar e impulsar un nuevo marco regulatorio para el sector. A todos los conflictos que conocemos ahora se le suma uno grande y que por sus características beneficiaría a los consumidores y, principalmente, a los operadores que contarían con una base igualitaria, a primera vista, para acceder al uso del espectro e impulsar sin más trámite que la determinación empresaria el último grito del mercado: LTE.
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