Uruguay: operadores privados ratifican su compromiso con el país

Los dos principales operadores privados del mercado de telecomunicaciones uruguayo, Claro (América Móvil) y Movistar (Grupo Telefónica) reafirmaron públicamente su voluntad de mantener sus operaciones en el país. Las declaraciones de ejecutivos de ambas firmas se conocieron luego de que Erasmo Rojas, director de 4GAmericas para América Latina y el Caribe, dijera a la revista uruguaya Búsqueda que los operadores privados “podrían irse de Uruguay si las reglas no son claras”.

De acuerdo con la radio uruguaya La República, Rojas se refería a las consecuencias que podría tener la falta de condiciones igualitarias para todos los actores del mercado que ha percibido en Uruguay. En concreto, el representante de 4G mencionó que el Estado aún no ha licitado la banda de 900 MHz, que se encuentra en poder del operador estatal Antel para su servicio Ruralcel.

Pese a lo afirmado por Rojas, tanto Claro como Movistar aseguraron que no tienen intenciones de abandonar el mercado uruguayo. Horacio Alvarellos, gerente general de Claro Uruguay, dijo a radio La República que el compromiso de la empresa en el país “es muy alto y la empresa no está pensando bajo ninguna circunstancia irse de Uruguay”. El ejecutivo señaló que la firma ha invertido 230 millones de dólares, emplea a 1.000 trabajadores y atiende a 800.000 clientes en el país. Pese a lo anterior, en la filial de América Móvil no olvidan que hace dos años, el Gobierno uruguayo le revocó a Telmex —ahora bajo la órbita de AMX— su licencia para la operación de televisión satelital (DTH).

A su vez, Pablo de Salterain, presidente de la filial local de Movistar, quiso dejar en claro que “Movistar tiene un compromiso muy fuerte con el país y no nos vamos a ir porque nos tranquen un permiso”. El ejecutivo de Movistar explicó que Rojas, luego de reunirse con varias personas de la industria, “concluyó que la cancha está fuertemente flechada a favor de Antel”. De Salterain reconoció que está de acuerdo con esa opinión, pero que pese a ello, continuarán operando en Uruguay. Y por último, duplicó los números de Claro: dijo que Movistar ha invertido 500 millones de dólares, emplea a 2.000 personas y atiende a 1,75 millones de uruguayos.

Lo que motivó los comentarios de Rojas fue, principalmente, el espectro, y concretamente el caso de la banda de 900 MHz. El conflicto por la banda de Ruralcel no es nuevo. De hecho, data de 2007, cuando la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) multó a Antel en aproximadamente 150.000 dólares, por el uso de frecuencias en la banda de 900 MHz sin autorización correspondiente. En la misma resolución, el regulador autorizó a Antel a utilizar 6 MHz de espectro “con carácter precario y revocable” para el uso exclusivo del servicio telefónico fijo Ruralcel —y pagando un canon para ello—, “hasta tanto se lleve adelante un procedimiento competitivo para la asignación de las mencionadas bandas”. Ursec también determinó elevar al Poder Ejecutivo un anteproyecto de decreto para que se autorice un llamado a licitación de la banda de 900 MHz.

Ya en ese entonces, los operadores privados se manifestaron en disconformidad con lo resuelto por las autoridades. El espectro que utiliza Antel para el servicio Ruralcel es mínimo, pero lo que molesta a los operadores es que no se haya dado curso a un procedimiento para asignar espectro en esa banda, como lo había recomendado el propio regulador. De ello ya van casi cuatro años. Y además, se suman otros factores, como la revocación de la licencia DTH a Telmex/Claro, que contribuyen al malestar de los privados. Ambas compañías dejaron en claro que no se les pasa por la cabeza abandonar el mercado. Y no ocultaron su insatisfacción con las medidas que consideran injustas.

Lucas Ledesma es un periodista que cubre el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información desde 2004. Ha trabajado y colaborado en diversos medios digitales e impresos relacionados con estos sectores. En abril de 2007, se unió a Tele-Medios como editor de TeleSemana.com. Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) y un posgrado en Gestión Estratégica de las Comunicaciones en la Universidad de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires, Argentina).

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