Una de los principales factores que se apuntan como causante de la actual crisis económica global es la regulación financiera en Estados Unidos, o más bien la falta de ella. La libertad con la que se han movido las entidades financieras provocó una burbuja financiera llena de activos con valores muy superiores a los reales. Y cuando hablamos de transacciones financieras a través de los celulares, se habla casi de todo menos del problema principal: la seguridad, no técnica, sino jurídica de los bancos, operadores, tiendas y, sobre todo, los usuarios.
Y es que en la era del consumismo se pretende que un elemento ideado para la comunicación, como es el teléfono móvil, sea al equivalente a la navaja suiza a principios del Siglo XX, y que incorpore la capacidad de realizar transacciones financieras de todo tipo. Sus proponentes están consiguiendo su objetivo, ya que en el sector de la telefonía móvil la banca en el celular es uno de los temas más candentes y sólo la falta de entendimiento entre instituciones financieras y los operadores móviles previene que ya haya una oferta más profunda.
Alertados por este crecimiento, Consumer Union, una asociación de defensa de los consumidores en Estados Unidos, ha realizado un estudio sobre la poca protección jurídica que ofrecen los contratos a los usuarios para los servicios de banca móvil en ese mercado. Sus conclusiones parecen claras. El usuario, por lo general, no tiene protección y, por ello este oprganismo solicita a los operadores móviles que protejan a sus usuarios cuando se produzca algún tipo de fraude con la cuenta de banca móvil del usuario. Por lo menos solicitan que se equipare la seguridad de la banca móvil a la de las tarjetas de crédito.
Otros datos que ofrece Consumer Union: de los 18 contratos evaluados, 16 obligan al usuario a pagar por el fraude mientras se investiga el caso y tan sólo cuatro de estos 18 protegen a los usuarios en caso de disputa de cargos cuando el teléfono se ha perdido o ha sido robado.
Parece pues que una autorregulación por parte de los operadores puede que no sea el mejor camino a seguir, por más que parezca el ideal y lo que pide directamente Consumer Union—indirectamente puede que esté alertando a la FCC—. Y no es que los operadores no quieran auto regularse, sino que es muy posible que no se sepa todavía muy bien las implicaciones definitivas de ofrecer banca móvil, porque los operadores, simplemente, no son bancos, y manejar un banco rentable, tampoco es sencillo, visto lo visto. A estas alturas, donde se está definiendo el mercado, la protección del usuario no parece una prioridad.
Este temor de Consume Union, sobre la protección de los usuarios en Estados Unidos, es más que posible que exista en la mayoría de mercados donde empiezan a emerger servicios de banca móvil. Porque la tendencia es clara en Latinoamérica, pues no hay semana que no cubramos algún lanzamiento de servicios de dinero móvil, alianzas entre empresas de gran calibre como Telefónica y Visa, o proyecciones como las de Pyramid Research que estiman que un 85 por ciento de los latinoamericanos usarán algún tipo de servicios de banca móvil en 2015.
Si estos usuarios proyectados por Pyramid Research se sienten desprotegidos no habrá negocio para los operadores; como se ha visto en otros mercados, una regulación robusta de banca móvil por parte de las autoridades se antoja obligatoria.
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