Los operadores estatales se unen para avanzar hacia objetivos comunes

La unión hace la fuerza, indica el saber popular. Y esto vale también para los operadores estatales latinoamericanos, que el pasado 6 de junio se reunieron en Montevideo, Uruguay. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), por Bolivia; la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), por Cuba; la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) por Paraguay; la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) por Uruguay; y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) por Venezuela, dieron el presente en la cita. El gran ausente es, al menos por el momento, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) de Ecuador.

El objetivo del encuentro fue la creación de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Propiedad Estatal de América Latina, un organismo sin fines de lucro, abierto a las empresas estatales de telecomunicaciones en la región que deseen participar. Si bien todavía tienen todo el trabajo de organización por delante, ya comienzan a verse los frutos del trabajo bajo este nuevo marco: Entel y Copaco acordaron suscribir mañana, viernes 24 de junio, un memorando de entendimiento para la interconexión de sus redes de fibra óptica en la zona fronteriza del Chaco, entre Bolivia y Paraguay.

Lo que se ha visto en Montevideo es, principalmente, una declaración de intenciones. Los operadores desean consolidar un ámbito de coordinación, cooperación e intercambio de experiencias, y en vista de estos objetivos, definieron una serie de consideraciones que asentaron en un documento. A partir de estas definiciones, se encomendó a Antel formalizar la creación de la asociación con sede en Uruguay, convocar a las empresas estatales de la región a integrarse a la entidad —probablemente a la CNT de Ecuador—, y elaborar un plan de acción común.

Los principales objetivos de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Propiedad Estatal de América Latina —veremos cómo se las arreglan para sintetizar el nombre en una sigla— abarcan puntos clave para el futuro de estos operadores. En primer lugar, buscan conformar una Red Latinoamericana de Fibra Óptica, para mejorar el servicio de banda ancha en la región y abaratar costos, a la vez que ayudan a alcanzar los objetivos de las agendas digitales establecidas por cada Gobierno nacional. Y en el marco de esa iniciativa, propiciar un acceso al mar a los dos países mediterráneos de la región, Bolivia y Paraguay, que cargan con el peso de no poder acceder directamente a un cable submarino, con lo que esto conlleva en términos de costos y dificultades técnicas para el acceso.

Otro punto de interés es el de impulsar políticas comerciales conjuntas, para aumentar la eficiencia de su operación, una asignatura siempre pendiente para las empresas estatales. Y aprovechando sus vínculos con el Estado, fomentar la adopción de medidas regulatorias que beneficien a los usuarios. Y un aspecto que no puede faltar en ninguna asociación de operadores independientes: la realización de compras en conjunto, para beneficiarse de las economías de escala y obtener menores costos, además de mejorar su poder de negociación frente a los proveedores.

Las intenciones del Acta de Montevideo son muy buenas y pueden desembocar en beneficios interesantes para los operadores estatales. Hay que tener en cuenta, además, que este anuncio se da en lo que tal vez sea el mayor contexto histórico de integración y cooperación entre los Gobiernos latinoamericanos. Ello supone una gran oportunidad para los operadores estatales de telecomunicaciones. Además, teniendo en cuenta el antecedente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel), ¿por qué no replicar la experiencia a nivel operadores?

El éxito de la iniciativa estará sujeto al grado de colaboración que puedan lograr los operadores, teniendo en cuenta que las empresas estatales suelen estar muy condicionadas por distintos tipos de leyes, controles y otras ataduras legales. Si bien los desafíos pueden ser los mismos, y mercados pueden tener similitudes, no hay que olvidar que se trata de empresas que provienen de entornos muy diferentes a nivel político y económico, y lo más importante, en el aspecto cultural. Así, el desafío que se presenta será el de lograr una verdadera unión interna como grupo, más allá de las diferencias. Lo interesante también es que las compañías de capital estatal no compiten entre sí, ya que no tienen presencia en el mismo mercado.

La meta, a nivel general, es clara: la supervivencia en un entorno cada vez más competitivo, y donde dominan ampliamente los grandes grupos privados de telecomunicaciones en la región, encabezados por el grupo español Telefónica y el mexicano América Móvil. Los operadores estatales nunca van a lograr un funcionamiento aceitado como el que existe al interior de estos grupos, pero al menos podrán hacer valer su fortaleza unidos para alcanzar mejores condiciones de competencia.

No hay, hasta donde se sabe, antecedentes de una agrupación de esta magnitud en la región en la historia de las telecomunicaciones. Sin embargo, podemos relacionar algunos hechos que pueden servir como precedentes. Por ejemplo, cuando el Gobierno ecuatoriano estaba decidiendo el futuro de su operador móvil Alegro PCS, uno de los interesados en adquirirla era la venezolana Cantv; y quien actuó como consultor, asesorando los pasos del Ejecutivo de Ecuador, fue la uruguaya Antel, quien también ejerció ese papel durante la adquisición en Paraguay, por parte de Copaco, del operador móvil Vox, antes propiedad de los grupos KDDI y Toyotoshi. Estos y otros acuerdos y vínculos sin dudas sembraron la semilla de la asociación que comienza a germinar por estos días.

Lo que parece un paso necesario y natural para este nuevo organismo internacional es un acercamiento con la brasileña Telebrás y la argentina Arsat. Estas dos empresas, también estatales, tienen similitudes entre sí, pero no comparten una característica fundamental que tienen las cinco fundadoras de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Propiedad Estatal de América Latina: ser operador de servicios básicos de telefonía fija. Las cinco fundadoras tienen raíces comunes: fueron o son monopolios o dominantes en telefonía fija que incorporaron posteriormente servicios de banda ancha (o al menos Internet, en el caso de Etecsa) y telefonía móvil, y ofrecen servicios a nivel residencial.

Telebrás y Arsat, en cambio, tienen orígenes diferentes, y ambas fueron seleccionadas por los Gobiernos de Brasil y Argentina respectivamente para tomar un rol fundamental en los planes nacionales de masificación de Internet, el Plano Nacional de Banda Larga (PNBL, Plan Nacional de Banda Ancha) y el Plan Argentina Conectada. Pero más allá de las diferencias de categorías —y licencias— entre ambos grupos, hay un interés común: el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel nacional y latinoamericano. Telebrás y Arsat, Argentina y Brasil, han tenido ya acercamientos para colaborar en el desarrollo regional de la conectividad. Seguramente es cuestión de tiempo para ver una aproximación con las estatales del resto de Sudamérica.

Lucas Ledesma es un periodista que cubre el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información desde 2004. Ha trabajado y colaborado en diversos medios digitales e impresos relacionados con estos sectores. En abril de 2007, se unió a Tele-Medios como editor de TeleSemana.com. Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) y un posgrado en Gestión Estratégica de las Comunicaciones en la Universidad de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires, Argentina).

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