Tiempo atrás habíamos comentado que el departamento de asuntos legales de Carlos Slim tendría mucho trabajo por delante y debería esforzarse para justificar su sueldo, ya que las empresas del magnate enfrentan grandes disputas en su tierra natal. Parece que los muchachos tomaron nota y ahora son los principales candidatos a convertirse en empleados del mes -del año o de la década- si logran que la escandalosa multa de 1.000 millones de dólares impuesta a Telcel quede anulada, sin necesidad siquiera de tener que acudir a los tribunales.
Si bien era vox populi que la multa con récord de ceros no se pagaría, ya que todos esperábamos un tedioso proceso judicial que dilatara la situación y que en el algún momento se lleguara a un acuerdo por un monto significativamente menor, la manera en que se está desarrollando la historia no deja de sorprender. En todos los medios locales se resalta la noticia de que el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, no podrá participar en el recurso de reconsideración promovido por Telcel.
El operador de telefonía móvil había presentado ante la CFC un escrito para impedir la participación de Pérez Motta, alegando que el funcionario no era objetivo a la hora de juzgar. Así lo informó el abogado de América Móvil, Alfonso López Melih, a través de un correo electrónico publicado por Bloomberg. Allí indicaba que el presidente de la CFC había manifestado su postura contra Telmex durante varias entrevistas a lo largo de 2008, elemento que demuestra su grado de condicionamiento e imposibilidad para participar en la votación definitiva.
Esto significa un importante revés, ya que Pérez Motta fue quien con su voto de calidad como presidente logró la aprobación de la multa luego de que uno de los comisionados se abstuviera de votar, dos se pronunciaran en contra y uno a favor. “De mantenerse los argumentos como se expusieron dentro del procedimiento, es de preverse que la multa se va a revocar y que, por tanto, quedará sin sustancia”, pronosticó Irene Levy, presidenta de Observatel en El Universal adelantando lo que podría pasar: que la multa impuesta en abril sea anulada por la CFC y ni siquiera llegue a una etapa en tribunales.
Otra posibilidad es que la resolución sea modificada y que la multa se establezca en un monto inferior por considerar que las prácticas anticompetitivas en materia de interconexión no fueron reincidentes. Aunque para tener alguna certeza sobre la definición habrá que esperar dos meses -ese es el plazo que ahora tienen los cuatro comisionados-; por mi parte puedo asegurar que el día de mi juicio final, cuando sea que me llegue, quiero a uno de estos abogados a mi lado.
