Esta vez se suman a la contienda organizaciones de prensa como la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) que alertaron que el proyecto atenta contra el periodismo. “Es parte de una arquitectura jurídica que trata de vulnerar las libertades constitucionales con el control de los medios de comunicación y el trabajo periodístico”, declaró Antonio Vargas, fiscal general de la APLP, a la agencia EFE.
La polémica se desató porque la ley fija un 33 por ciento del espectro electromagnético para el sector privado, igual porcentaje para el Estado, un 17 por ciento para los pueblos indígenas y 17 por ciento para las organizaciones sociales. “Hay un peligro de manipulación informativa con un 66 por ciento del control del espectro en todo el país”, analizó el presidente de Asbora, Raúl Novillo, apoyándose en la buena relación que existe entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
Un análisis más extenso de esta polémica puede encontrarse en nuestra sección de Opinión.