Esta semana, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la nueva Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que el pasado 28 de julio sancionara el Senado Nacional. El principal cambio introducido por la nueva legislación es la redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico para radiodifusión, que a partir de ahora corresponderá en un 33 por ciento al Estado, un 33 por ciento para el sector privado, un 17 por ciento para los medios comunitarios y un 17 por ciento para los medios de sectores indígenas. El objetivo de esta medida es garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de esos recursos, según explicó a fines de julio pasado el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío. La nueva legislación, como era de esperar, generó rechazos entre los medios de prensa privados opositores al Gobierno de Morales.
De acuerdo con el diario Los Tiempos, la nueva Ley de Telecomunicaciones “permite escuchas telefónicas” y le da “al Gobierno y sus fieles dos tercios del espectro”, en clara alusión al tercio de espectro que se repartirán medios comunitarios e indígenas. Por otra parte, le nueva norma amplía de 10 a 15 años la concesión de las licencias de funcionamiento para los medios de comunicación.
Fue el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, quien dio a conocer que la nueva Ley había sido sancionada en la mañana del pasado 8 de agosto por Evo Morales, antes de traspasar el bastón de mando al Vicepresidente Álvaro García Linera y emprender su partida hacia China. De acuerdo con Romero, el Poder Ejecutivo se abocará ahora a la reglamentación de la norma, “generando los consensos necesarios con los sectores implicados en esta ley”.
Por su parte, García Linera adelantó que no habrá apuro en formular los reglamentos, al tiempo que indicó que “los mismos sectores que hemos convocado para elaborar la Ley también serán consultados llegado el momento”.
Según la agencia Bolpress, en la nueva Ley se dispone la universalización del servicio de telefonía móvil hasta el año 2015, además de establecer la regulación de las tarifas de los servicios de información y comunicación telefónica fija, móvil e Internet, y un régimen de sanciones para los cobros indebidos.
Según trascendió, el Gobierno garantizó la privacidad, prohibiéndose la intercepción, obstrucción, desvío y divulgación de las comunicaciones privadas, salvo en los casos establecidos por la ley. La polémica llega con el artículo 111 de la Ley, que determina que “en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas”.
El proyecto de Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación fue debatido en el Senado durante dos días de debate antes de su aprobación, de acuerdo con el presidente de dicha Cámara, René Martínez, quien además indicó que el texto proveniente de la Cámara de Diputados fue aprobado sin modificaciones. Durante su paso por la Cámara Baja, que se extendió durante algo más de un mes, el documento fue enriquecido con los aportes y observaciones de diversos sectores sociales involucrados, según el diputado Elío.
Debe estar conectado para enviar un comentario.