Cuando se acerca el fin de año, siempre comienza el debate por dónde se pasarán las fiestas. Si los operadores y las autoridades mexicanas tuvieran que elegir uno, habría una sola opción posible: los tribunales.
Es que allí pasaron buena parte de este año que se termina y el ámbito judicial se ha naturalizado como el lugar común de encuentro.
Inmersos entre los conflictos más usuales, como alguna disputa de interconexión entre operadores, los casos más emblemáticos que se debatieron durante el año fueron la incorporación de Telmex al mercado de la televisión paga y la polémica Licitación 21 que terminó con un final inesperado entre Iusacell y Nextel.
Uno de los últimos capítulos en la disputa que mantiene Telmex con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue el apoyo que recibió la compañía de Carlos Slim por parte de la jueza VI de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien calificó de “inconstitucional” obligar a Telmex a iniciar nuevamente el procedimiento para solicitar la modificación de su título que le permitirá entrar al mercado que tanto anhela.
El historial en la disputa entre las autoridades mexicanas y la empresa de Carlos Slim indica que durante el segundo trimestre de este año, la SCT no modificó el título de concesión a Telmex con el argumento de no haber cumplido con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Convergencia publicado en octubre de 2006 y de esta manera bloqueó su ingreso en la televisión paga.
Otro destacado judicial del año que se va fue sin duda la hazaña conseguida por los abogados de Telcel que lograron bloquear la fuerte multa de 1.000 millones de dólares que la Comisión Federal de Competencia (CFC) le había impuesto por prácticas monopólicas en el mercado de terminación de llamadas a instancias de una denuncia de Megacable.
Este quizá haya sido uno de los casos más emblemáticos de cómo el enredo que se genera en los tribunales logra dilatar las definiciones y al mismo tiempo acorralar la competitividad de un mercado.
Como frutilla del postre, claro está, queda el conflicto por la licitación 21, donde Nextel y Iusacell tras meses de conflicto con munición pesada decidieron terminar sus disputas legales y competir en el mercado, sin dar mayores detalles de cuál fue el acuerdo detrás del estrechón de manos.
“Este es un claro ejemplo que nos muestra cómo las instituciones que actualmente regulan y administran el sector en México, bien pueden ser dejados de lado por los concesionarios, y quedarse como simples espectadores”, indicó José Manuel Mercado, analista de Pyramid Research, a El Universal reavivando una vez el debate sobre el papel que juegan los reguladores mexicanos y su real eficacia.