El mercado mexicano -a diferencia de otros donde existen reglas de juego un poco más claras y reguladores con la autoridad y firmeza necesarias- se rige por la ley de la selva, donde sobrevive aquella empresa que cuenta con el mejor equipo de abogados.
Desde 2005 hasta 2010 se interpusieron 138 amparos en el sector de las telecomunicaciones, de los que se rechazó el 83 por ciento. También se llevaron adelante 59 juicios de nulidad (58 por ciento rechazados) y 59 recursos de revisión, de los cuales se negó el 91 por ciento.
Pese a que la mayoría de las gestiones legales no terminan favoreciendo al demandante, las empresas consiguen algo tan valioso como podría ser la victoria que es demorar el asunto (años y años) y abstenerse de tener que cumplir con alguna restricción.
“El uso indiscriminado de los amparos (por todos los operadores) plantea una de las mayores dificultades cuando se intenta promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones”, explica uno de los puntos presentados en el informe que llevó a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es cierto que el informe de la OCDE no revela nada nuevo y de hecho hasta parece que los encargados de elaborarlo leyeron alguna vez el análisis publicado en agosto de 2011 por TeleSemana.com donde se alertaba que “La extrema judicialización de los conflictos mexicanos acorrala a la competitividad”.
Sin embargo, puede ser que repetir los mismos argumentos hasta el hartazo sirva para que las autoridades comiencen a poner manos en el asunto, aunque quizá sea un deseo ingenuo y mucho pedir para un mercado que acorraló a la competitividad durante años y que ahora engaña con mejorar las condiciones en un abrir y cerrar de ojos.