A partir de mañana, aquellos usuarios que no hayan asociado sus datos personales a sus celulares verán limitadas muchas de sus posibilidades.
No podrán enviar mensajes de textos, ni realizar llamadas, pero sí recibirlas. En tanto, a partir de julio el teléfono no registrado quedará completamente suspendido, sin posibilidad de comunicación alguna.
Las medidas forman parte del plan que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) implementó en junio del año pasado, donde se obliga a los usuarios a empadronar su línea celular.
De esta manera buscan frenar la ola de robos que se producen, ya que los celulares empadronados no podrán ser activados tras la denuncia de hurto.
La medida ha despertado cierto rechazo en parte del arco político. Juan Carlos Solines, miembro del movimiento político Concertación, no descarta presentar una demanda de inconstitucionalidad por considerar que es un método arbitrario suspender un servicio público a los usuarios.
“Una resolución no supera lo escrito en la Constitución del Estado. Es absurdo que el Gobierno, aunque tuviera la justificación de evitar los robos, me obligue a hacer algo que yo no quiero”, se quejó Solines.