El Poder Ejecutivo preparará un proyecto de ley para que la telefónica estatal uruguaya se quede con el monopolio de las comunicaciones públicas transmitidas a través de fibra óptica. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, adelantó que el Ministerio de Industria estará a cargo de redactar el proyecto, aunque dejó en claro que el operador “no deberá incursionar en el tema contenidos”. De acuerdo con el viceministro de Industria, Eduardo Ortuño, lo que el Estado busca a través de esta normativa es garantizar a Antel la rentabilidad para que los servicios de datos lleguen a todo el país.
De la información conocida hasta el momento se desprende que la intención del Gobierno uruguayo es preservar la cerca que Antel mantiene en la oferta de servicios de banda ancha fija, es decir, a través de medios alámbricos. Esta interpretación cobra vigencia si se tiene en cuenta que en marzo pasado, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) había enviado una intimación a Claro (América Móvil) a suspender en el término de 45 días sus servicios de transmisión de datos brindados a través de medios alámbricos —lo que incluye fibra óptica— por no contar con una licencia para brindar esta prestación.
En la práctica, el proyecto de ley serviría para reforzar el marco normativo que está en vigencia. Cuando se conoció que Claro estaba brindando servicios de conectividad por fibra óptica, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, refirió que las leyes dejaban en claro que el único autorizado para ese tipo de servicios era Antel, según publicó el diario uruguayo El País. En ese momento, Claro declinó comentar la decisión del regulador.
Ésa no era la primera vez que Ursec se encontraba con el problema. En diciembre se conoció que el regulador investigaba a las empresas de telecomunicaciones privadas, entre ellas, a Movistar y Dedicado, además de Claro, también por el uso de la fibra óptica para brindar el servicio de banda ancha a nivel minorista. Los operadores se amparan en que cuentan con licencia para brindar servicios de datos y en que existe un reglamento de licencias que establece la independencia tecnológica para brindar servicios de telecomunicaciones, según especificó el presidente de Movistar, Pablo de Salterain, al diario El Observador.
Hace algunas semanas, el Gobierno reconoció que el marco regulatorio tenía “deficiencias”, según El País. Lagunas que habrían llevado a que incluso organismos estatales contrataran a Claro como proveedor de conectividad por fibra óptica, de acuerdo con el periódico. Serían estas deficiencias en la legislación las que ahora se buscan cubrir con el proyecto de ley.
En definitiva, lo que el Gobierno uruguayo busca ahora es preservar mediante el monopolio el dominio de Antel en el sector de banda ancha. El operador estatal posee el 96 por ciento del mercado de banda ancha fija, gracias al monopolio que mantiene en la tecnología ADSL. La empresa Dedicado, a través de servicios inalámbricos, posee el cuatro por ciento restante de participación. Ello se desprende del último informe estadístico de Ursec, a diciembre de 2011.
MrBanana
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