“El objetivo es tener las 195 capitales de provincia del Perú conectadas con banda ancha en 2016”

Luis Pacheco, sub gerente de Análisis Regulatorio del Osiptel

La semana pasada, el Gobierno peruano promulgó la Ley 29.904 de Promoción de Banda Ancha, luego de su aprobación en el pleno del Congreso durante el mes de junio. Esta nueva norma prepara el terreno para la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica, además de otros objetivos complementarios relacionados con la generación de contenidos, gobierno electrónico y el principio de neutralidad de red. Luis Pacheco, sub gerente de Análisis Regulatorio del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), explicó a TeleSemana.com los antecedentes y alcances de la nueva legislación y los cambios que traerá para el sector.

¿Qué principales novedades introduce la nueva ley?

Esta Ley se viene trabajando en grupos de trabajo desde hace casi dos años, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros creó una comisión encargada de elaborar el Plan Nacional de Banda Ancha, en la cual participamos Osiptel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y algunas otras entidades.

En julio del año pasado, la comisión emitió su recomendación. El tiempo restante se dedicó a convencer a los actores necesarios, como el Congreso de la República, para que las principales recomendaciones estén incluidas en esta ley, y eso se logró. Hace un mes, el Congreso emitió el documento final y lo remitió al Ejecutivo, que dio su aprobación.

En esta ley se implementan una serie de recomendaciones que venían desde el Plan de Banda Ancha, entre ellas, el promover el despliegue de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en financiamiento conjunto con las empresas privadas, en la cual se faculta también al Estado a usar los fondos de acceso universal, el fondo Fitel.

Lo que se busca es una infraestructura de soporte nueva, como podrían ser las redes de transmisión eléctrica, los caminos en los que se pondrían ductos, y que el Estado tenga la titularidad de la fibra en sí en el caso de las redes de energía, y de los ductos en el caso de caminos. Esa capacidad se concesionaría a un operador privado por licitación para que opere la fibra, en el esquema de carrier de carriers —mayorista—, sin poder actuar en el mercado minorista.

El objetivo es en 2016 tener las 195 capitales de provincia del Perú conectadas con banda ancha. Ése es el objetivo principal de la ley. Hay una serie de objetivos paralelos e indicaciones adicionales para el uso compartido de infraestructura, tanto nueva como ya existente, y para promover el desarrollo del gobierno electrónico, contenidos y aplicaciones digitales, y también se busca regular la neutralidad de red. Además, el Estado podrá contratar un operador para tener compras conjuntas entre todas las instituciones.

¿La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica sería operada por un operador nuevo o alguno de los existentes?

En principio no se llega a ese detalle en la ley. En las recomendaciones que impulsamos, lo ideal es que no haya integración vertical. Se especifica en la ley que el operador no podrá tener usuarios finales. El mejor de los casos sería que ingrese una nueva empresa, pero en algún caso los operadores podrían participar, pero creando una nueva empresa, una filial totalmente separada que solamente opere la red de transporte, toda vez que se pueda efectuar la regulación de la contabilidad separada entre las diferentes unidades de negocios y que no haya preferencia del operador de transporte con su filial de acceso en detrimento de otros operadores.

¿Se podría dar el caso de que los operadores formen un consorcio, similar a lo que ocurrió en México con Televisa y Telefónica?

Nosotros habíamos estudiado previamente tres alternativas: operador verticalmente integrado, consorcio de operadores, y operador neutro (carrier de carriers). La recomendación fue ir por este último. Podrían en algún caso, y esto ya sería materia de la reglamentación y la elaboración de las bases de la licitación, asociarse las empresas, pero necesariamente cumpliendo siempre esta condición de crear una empresa separada que sólo ofrezca transporte.

¿Había alguna regulación anterior que abordara los temas de esta nueva ley?

No, justamente. Estaba la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de uso compartido de infraestructura —que no tenía el alcance que necesitábamos para hacer uso de la infraestructura de transporte— y una serie de leyes inconexas, no todas apuntando al objetivo de banda ancha, y se necesitaba una serie de instrumentos normativos con rango de ley, para que se pueda exigir por ejemplo obligaciones a otros sectores, como el sector de energía o el de transporte.

Hay algunos cambios, se extiende el alcance de la ley anterior de uso compartido de infraestructura. La necesidad de instalar fibra y ductos en nueva infraestructura ya estaba en un decreto supremo, que es un nivel normativo inferior. Todo eso se eleva al nivel de Ley. Hay un cambio importante también en la Ley del Fitel, que antes no permitía usar este fondo sólo para infraestructura de transporte, necesariamente tenía que estar asociada a infraestructura de acceso. Además, sólo aportaban al fondo los servicios portadores y servicio final; ahora se incluyen los de TV paga y acceso a Internet. Hay una serie de cambios y obligaciones a nivel de ley, de forma coherente para lograr este objetivo.

¿Qué instrumentos y experiencias tomaron como referencia a la hora de emitir las recomendaciones?

Había un mandato específico, realizar un diagnóstico de los servicios de banda ancha en Perú, considerando problemas y barreras. Había otras iniciativas relacionadas, como la Agenda Digital 2.0, que llevaba la Presidencia del Consejo de Ministros con su oficina nacional de gobierno electrónico. Y actualmente también la Agenda de Competitividad.

¿Y a nivel internacional?

Principalmente, los casos de Argentina, Brasil y Colombia en la región, y Estados Unidos y Corea, por ejemplo. Pero muchas veces son realidades distintas a las nuestras entonces trabajamos más bien en el conjunto de instrumentos normativos que tenemos y dónde queremos llegar.

Entiendo que en la Costa hay un buen desarrollo de redes de transporte, y que las regiones menos desarrolladas son las de la Selva y la Sierra.

Es cierto. Hay fibra instalada en toda la Costa, en realidad son tres fibras de diferentes dueños corriendo en forma paralela. Hay ingresos en la Sierra por la parte central y la parte sur, la parte de Puno, y recientemente se ha llegado a Cuzco, pero el resto de la Sierra no tiene conectividad de banda ancha a nivel de transporte de fibra. Y el peor caso es la Selva, que ni siquiera tiene esa conectividad a nivel de microondas siquiera, entonces todo es vía satélite. En todas esas zonas, donde no llega el soporte de transporte de fibra, la banda ancha no se vende en forma masiva.

El caso de Iquitos es el más grave, en medio de la Selva, una ciudad importante, totalmente desconectada. Pero en todo este tiempo ya ha habido bastante preocupación de ir generando proyectos que doten de esta conectividad. Hay un proyecto para llevar microondas a Iquitos, con el fondo de acceso universal, pero se espera que en 2017 ya haya una línea de transporte de alta tensión por la cual también iría la fibra.

En todo el país, además, por la dificultad geográfica que tenemos, las 195 capitales de provincia no van a poder ser cubiertas todas por fibras, la gran mayoría sí. Unas cinco o seis, más o menos, que tendrán conectividad por otros medios, microondas o satélite.

En el caso de Manaos en Brasil, algo similar a lo de Iquitos, la principal demora venía por el lado de la regulación ambiental para construir infraestructura. ¿Se da algo parecido en Perú?

Sí, es un tema que tendremos que abordar. Tenemos vigente una ley recientemente aprobada, la Ley de Consulta Previa a las Comunidades Indígenas. Probablemente se presenten algunos retrasos en el calendario para pasar por ciertas zonas de la Amazonía. También para llegar a Iquitos tenemos que pasar por una gran reserva ecológica, Pacaya Samiria, y el trazo deberá bordearlo, lo que incrementará algunos costos pero respetando el aspecto ecológico.

Inclusive, el primer proyecto de microondas de Fitel va a pasar adyacente a los ríos Amazonas y Marañón, los grandes ríos de la Selva. Pero en el caso de la infraestructura eléctrica de soporte, por el mayor peso de sus torres, va a tener que pasar por una zona más al norte. Y seguramente habrá que ver la consulta a las comunidades indígenas en ambos casos. Deberá ser materia de conversación y enseñarles los beneficios, porque lo que se quiere no es que sólo pasen las comunicaciones por encima de ellos, sino también tener bajada hacia ellos para que también se beneficien.

¿En cuanto a contenidos y aplicaciones, qué dicta la Ley?

Básicamente otorga la facultad a la oficina nacional de gobierno electrónico informático de coordinar con las diferentes instancias del Estado para generar una serie de contenidos de interés para la población, dentro de lo que es gobierno electrónico. Y coordinar con los ministerios de Salud y Educación para la generación de contenidos educativos y de telemedicina para la población. También se habla del fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación. Habrá coordinación con universidades públicas y otras instituciones para crear contenido. Los detalles se incluirán en el reglamento de la ley.

En neutralidad de red, están ahora entre los pioneros de la región. ¿Cómo han llegado a esa recomendación?

Dentro del Plan de Banda Ancha, esto se había dado como uno de los puntos importantes pero no tan urgentes como el de la necesidad de infraestructura. Pero a nivel de Congreso, también había muchos grupos que seguramente están impulsando recomendaciones en forma paralela. A nivel mundial, hay dos grupos pugnando por este tema. Los operadores, que en realidad quisieran que no haya ningún tipo de regulación para gestionar el tráfico de la forma que consideren más conveniente. Y el otro punto que es el de los usuarios y de los generadores de contenidos, que quieren lo contrario.

En todo caso, se recogió en este proyecto de ley, yo diría, una posición intermedia. Dice en realidad que no se debe bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar aplicaciones y protocolos independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad. Pero en el caso de que sea necesario y justificado hacerlo, Osiptel será quien tenga la última palabra. Si el operador quiere establecer algún tipo de restricción, Osiptel tendrá que dar el visto bueno previamente.

Es importante mencionar que Perú ya tenía esto desde 2005, porque se tenía un reglamento de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones donde se especificaba esto. Eso nos sirvió en algún caso, cuando recién aparecía la banda ancha móvil y un operador quiso bloquear todo el tráfico de VoIP. En ese momento, Osiptel hizo uso del reglamento y prohibió la restricción. Ahora, esta herramienta a nivel de ley tiene mucha más fuerza, y el regulador podrá verificar qué caso aplica y qué caso no.

¿Cuándo estará listo el reglamento de la ley?

Hay un plazo máximo de seis meses que menciona la ley. Yo estimo que como se ha estado avanzando con el Plan de Banda Ancha, tal vez podría ser antes de esa fecha. No me atrevería a dar una fecha, porque involucra a varias instituciones.

Lucas Ledesma es un periodista que cubre el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información desde 2004. Ha trabajado y colaborado en diversos medios digitales e impresos relacionados con estos sectores. En abril de 2007, se unió a Tele-Medios como editor de TeleSemana.com. Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) y un posgrado en Gestión Estratégica de las Comunicaciones en la Universidad de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires, Argentina).

2 Comentarios

  1. qué pena que las administraciones públicas de perú se tomen tanto tiempo (2 años, como señala el entrevistado) para concluir en lo evidente: que la falta de redes de transporte limita el desarrollo de banda ancha. existen diversos estudios de políticas publicas en tic’s de hace varios años que concluyen en ello, y medidas para solucionar tal problema han sido concretadas con mayor rapidez hace algunos años por otros países de la región. va muy lento, perú. 

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