La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) salió al cruce de versiones periodísticas según las cuales el embargo judicial a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz (Cotel) estaba afectando en el pago de las prestaciones de salud correspondientes a los empleados de la cooperativa telefónica.
La Autoridad aclaró que el juzgado que entiende en la causa permitió a Cotel, el pasado 20 de agosto, la utilización de fondos para el pago del seguro médico de sus empleados, siempre que se acreditara debidamente y con anterioridad que el dinero se utilizaría con esos fines. Ello, debido a que el Decreto Supremo Nº 20214 de 27 de abril de 1984 determina que los aportes patronales y laborales que reciben las instituciones de seguridad social en general son inembargables. Por este motivo, el embargo no podría comprometer el pago de las contraprestaciones sociales de los trabajadores del operador.
ATT afirma que la cooperativa no cumplió con esta instrucción judicial. En un comunicado, el regulador indicó que este hecho “demuestra la negligencia e ineficiencia de Cotel, en desmedro de la salud de sus propios trabajadores, por lo que las consecuencias de su inacción deberán ser asumidas únicamente por la citada cooperativa”.
Sobre Cotel pesa un embargo dictado por la Justicia debido a varias multas impagas, impuestas en 2007, que el operador adeuda a la ATT. A fines de abril, la Justicia dictaminó el embargo de los fondos de la cooperativa paceña en todas las instituciones bancarias del país, como parte de una demanda de cobro coactivo de las multas adeudadas por el operador, que ascienden a 10.5 millones de dólares.
Este embargo tiene una incidencia directa en la operación de la cooperativa, que no puede dar curso a nuevos proyectos por no poder disponer de esos fondos. A comienzos de agosto, directivos de Cotel indicaron que actualmente destinan más del 60 por ciento de los ingresos para el pago de sueldos de los empleados. De los ocho millones de bolivianos (1,1 millones de dólares) que ingresaron al operador en el mes de julio, cinco millones (unos 720.000 dólares) fueron destinados al pago de haberes.
La plantilla de la cooperativa se compone de unos 900 empleados, de los cuales cerca de 300 fueron incorporados durante la anterior administración del operador, de acuerdo con Emilio Gutiérrez, presidente del consejo de administración de Cotel. El directivo además expresó que la cooperativa podría funcionar con 600 trabajadores.
En febrero pasado, Cotel recordó sus intenciones de ingresar al mercado de telefonía móvil del país, posiblemente a través de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel), a la cual se encuentra afiliada. Esta asociación solicitó al Gobierno una habilitación que le permita convertirse en un operador de telefonía móvil.
El próximo 28 de octubre los socios de Cotel elegirán nuevas autoridades, quienes deberán determinar cómo hacer frente a las obligaciones del operador. Hace algunos días, el comité electoral de la organización adelantó que en las próximas semanas se convocará a elecciones. Según la prensa boliviana, el operador lleva varios años funcionando con autoridades interinas. El próximo 30 de septiembre será la convocatoria formal a elecciones, mientras que la inscripción de candidatos podrá hacerse hasta el 13 de octubre. Las nuevas autoridades podrían asumir el 31 de ese mes, según informó el diario boliviano La Razón.
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