Los contratos de concesión de América Móvil y Telefónica cumplen 20 años en 2014, año en el que se deberían renovar posiblemente para los siguientes 20. A un año de este acontecimiento “místico”, algunas voces en el ámbito político-legal se alzan, alertando de un problema tan real como inocuo. Se trata de un choque de trenes entre la legislación vigente en 1994, cuando se firmaron los contratos de concesión entre el Estado colombiano y los dos operadores de la época, y la actual.
Porque en 1994 ninguno de los dos operadores móviles principales del país, las filiales de América Móvil y Telefónica, firmaron dichos contratos, sino que los heredaron como fruto de una serie de rondas de adquisiciones que culminaron en 2003 para América Móvil y 2004 para Telefónica. Por lo que ambos operadores, imaginamos, en algún momento podrían utilizar este argumento a su favor.
Pero el choque de trenes se produce como consecuencia de un matiz de gran valor: ¿a quién le pertenece la infraestructura instalada? Según el contrato de 1994, toda la infraestructura instalada por los operadores como parte de su contrato de concesión pertenece al Estado, que impuso dicha cláusula para asegurarse de que en caso de que no hubiese renovación, el servicio de telecomunicaciones podría seguir operando. Sin embargo, la legislación actual y por la cual firmó su último contrato de concesión Tigo (Millicom), la infraestructura pertenece al operador. En 1997, una nueva ley anulaba la de 1994, y bajo la cual hubo polémica y bautizo, pues a esta nueva ley se le llamó el “Celumico”.
Por ello, en 2014, cuando se tengan que renovar los contratos, este asunto podría llegar a ser un problema si no fuese porque tanto al mercado como a los operadores les conviene renovar las concesiones existentes, entre otras cosas, porque los problemas logísticos de no hacerlo serían bastante más complejos que este enredo legal sobre qué debe imperar en caso de no haber renovación.
Es muy posible que en 2014 Colombia viva un episodio similar al que experimentó el mercado peruano, donde la negociación entre el Estado de ese país y Telefónica llegó a ser un circo verbalizado a través de los medios. Finalmente, y como no podía ser de otra forma, Telefónica renovó su concesión a pesar de la severa guerra dialéctica que se llegó a vivir en dicho mercado.
En Perú una encuesta posterior reveló que los propios ciudadanos de ese mercado consideraban positivo el acuerdo entre el Estado y Telefónica, ya que consideraban que era mejor seguir contando con este operador al cual creían, en parte, responsable del crecimiento del país en los últimos años.
Prepárense, el debate no ha hecho más que empezar, pero si quieren nuestra humilde opinión, este mal se curará con un placebo.
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