El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) emitió en días pasados un decreto con el que busca intervenir en el nombramiento de directores y gerentes de operadores de telecomunicaciones. El acuerdo administrativo número 0005-2013, publicado el pasado 22 de marzo en el diario oficial, ordena a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a someter a aprobación del regulador el nombramiento de sus directores y/o gerentes generales, de informática y de seguridad, según informó el periódico local El Nuevo Diario.
Además, estipula que los operadores deberán remitir la información de las personas que actualmente ejercen dichos cargos. De momento, los operadores se mostraron cautelosos. El Nuevo Diario apunta que Movistar está a la espera de conocer los detalles y el alcance de la propuesta, mientras que Claro (América Móvil) dijo estar analizando el caso.
La medida fue rechazada por el diputado liberal Wilfredo Navarro, quien indicó que las contrataciones de las empresas privadas son decisiones autónomas. “Telcor está haciendo uso de funciones que no le corresponde, si tiene que ver con lavado de dinero esa es labor de la Policía y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, expresó el funcionario, según recogió un artículo de El Nuevo Diario.
Por su parte, José Figueroa, legislador del Frente Sandinista, apuntó que si los operadores del sector privado se sienten afectados por el acuerdo, pueden introducir un recurso por la vía administrativa ante el propio Telcor.
Varias organizaciones del sector privado rechazaron la medida del regulador de telecomunicaciones, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Asociación Internet de Nicaragua (AIN). Estos organismos apuntaron contra la medida argumentando que “violenta el orden constitucional de Nicaragua” y otras disposiciones legales.
“Vemos una violación de la Constitución Política, específicamente, en el artículo 68. Hay una violación también de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 99 y 104, alrededor de que el Estado debe garantizar la libertad de las empresas, de que la iniciativa económica es libre, y que se garantice el pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional que impongan las leyes” dijo José Adán Aguerri, presidente de Cosep, a El Nuevo Diario.
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