Senado aprobó la reforma en telecomunicaciones: culmina su paso por el Congreso de la Unión

Senador Javier Corral Jurado (PAN). Imagen: Senado de la República.

La cámara alta mexicana aprobó el pasado martes 30 de abril el dictamen remitido por Diputados con las reformas a las disposiciones de la Constitución en materia de telecomunicaciones. De esta manera, la reforma concluyó su tratamiento en el Congreso nacional. Pero al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá ahora pasar a los congresos estatales, donde tendrá que alcanzar la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales —al menos 17 de los 32 congresos—, según lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución. Este proceso podría demorar unos dos meses, según medios locales. Con la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, el Poder Ejecutivo podrá firmarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigencia.

En la Cámara de Senadores, el dictamen —que había sido modificado durante su tramitación en la Diputados— obtuvo 108 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, alcanzando de esta manera su aprobación. La Cámara de Diputados introdujo sus cambios después que el Senado le regresara el proyecto con  modificaciones, que se había aprobado en la cámara baja a fines de marzo.

Uno de los cambios más debatidos es el que recae sobre el artículo 28 de la Constitución. El senador Javier Lozano Alarcón, titular de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseguró que “se hizo lo correcto al introducir en el artículo 28 constitucional medios de defensa contra las decisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) relativas a la imposición de multas, de desincorporación de activos, partes sociales o bienes, pues fue lo que recomendaron los expertos”, según recoge un comunicado del senado. Sin embargo, Lozano Alarcón consideró que “nos quedamos cortos”, porque se le trasladan todas las facultades en materia de competencia económica al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y sólo se limitó lo relativo a la Cofeco.

También el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral Jurado, se refirió a la modificación de este artículo, concretamente, en un cambio de la redacción original del Senado —introducido por la cámara baja—. Corral Jurado avaló la modificación, al señalar que la redacción original era ambigua y permitía continuar con la alta “litigiosidad” con la que los agentes económicos en el sector enfrentan las distintas decisiones del Estado y la autoridad.

Este cambio de redacción generó discusiones entre varios legisladores, incluso dentro del mismo PAN. El senador Raúl Cervantes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reclamó que el cambio no fue argumentado por Diputados, y que no modifica la intención ya que iba en el mismo sentido que la redacción del Senado. El senador del PAN Roberto Gil Zuarth interpretó el cambio como “una revancha política” de Diputados hacia el Senado.

Sin embargo, Corral Jurado defendió el cambio y recordó que había sido pedido por el presidente del PAN, Gustavo Madero, y que además tenía el apoyo de Cofeco. El también panista Jorge Luis Preciado también se sumó a la postura de Corral Jurado.

El proyecto de decreto, que tiene su origen en el Pacto por México, contempla modificaciones en los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Carta Magna. Con esta reforma, los servicios de telecomunicaciones pasarán a considerarse como “servicios públicos de interés general”, con lo que el Estado deberá garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión y convergencia.

También la radiodifusión pasará a ser considerada un servicio público de interés general, y el Estado deberá garantizar que se brinde en condiciones de competencia y calidad, llevando los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional.

Además se incluyen contrapesos para los órganos reguladores, el derecho de las audiencias y el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas.