Las acciones gubernamentales repercuten directamente sobre el comportamiento de los mercados. Y muchas han sido ya las acciones emprendidas para el mejoramiento de las telecomunicaciones mexicanas, desde el Pacto por México, firmado el día en que el Presidente Peña Nieto tomó posesión, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que contiene, como objetivos primordiales; la promoción de la inclusión digital, el aumento de la oferta y cobertura de servicios, así como el incremento en la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones, y la Reforma en Telecomunicaciones, nueva base constitucional de operación del sector.
Resulta entonces de gran importancia hacer un recuento de las decisiones que se tomaron en el primer año de la presente administración sobre las telecomunicaciones mexicanas. Desde el primer día, el actual Gobierno reconoce su importancia en la productividad nacional, e incluso considera que la falta de acceso es equivalente a una nueva clase de analfabetismo y exclusión social en esta era de la convergencia tecnológica, y por ello busca en primer lugar la democratización del acceso a las telecomunicaciones. Como refuerzo a esta estrategia, el presidente Peña Nieto afirma que la recién promulgada Reforma en Telecomunicaciones, junto con la Campaña Nacional de Inclusión Digital, permitirán a los consumidores mexicanos acceder a una mayor cantidad de servicios de telecomunicaciones a menores costos, situación que impacta positivamente sobre el bienestar social.
Una de las acciones que encauzan el creciente acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones es el Programa México Conectado, diseñado por la SCT con la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) para facilitar el acceso de banda ancha en sitios públicos del país. De esta forma, se han conectado universidades, hospitales y centros de investigación, entre otros, instalando 12.700 sitios de conectividad pública, que representan un crecimiento de 68 por ciento respecto a la administración anterior. Para incluir a las TIC en el ámbito educativo, la primera fase del programa de dotación de computadoras planea otorgar 240.000 laptops a estudiantes en 5° y 6° de primaria, además de brindar la capacitación correspondiente.
Desde febrero de este año se ha realizado el despliegue de 40 redes metropolitanas de alta velocidad que permitan interconectar la Red NIBA (Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha) con la red dorsal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ofrecer el servicio de banda ancha a 1.139 grandes usuarios en áreas estratégicas del país, como son la salud, gobierno, educación e investigación. Con estas acciones, el Gobierno federal encamina al país a la cobertura universal y el acceso incluyente de todos los mexicanos a los servicios de telecomunicaciones.
Por su parte, el Gobierno federal hace hincapié en el aumento en las inversiones para el desarrollo de infraestructura, y en este sentido, afirma que se han invertido 69.171 millones de pesos mexicanos (5.165 millones de dólares) durante 2013, con una participación de ocho por ciento para el sector público y 92 por ciento para el sector privado, sumando 63.645,7 millones de pesos (4.752 millones de dólares). A su vez, el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018 prevé una inversión de 700.000 millones de pesos (52.272 millones de dólares) para el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicaciones, vislumbrando tanto la participación pública como privada, con un crecimiento de alrededor de 101 por ciento respecto a la administración anterior.
Finalmente, no podemos dejar de lado la creación, mediante la Reforma en Telecomunicaciones, de dos organismos constitucionales autónomos; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), que promoverán el creciente desarrollo de la industria en un ambiente de sana competencia. Así, el Ifetel se constituye como el corpus institucional necesario para fomentar la competencia al interior de la industria, como también para hacer valer los derechos de los consumidores y garantizar la efectiva aplicación de la ley.
Todavía falta un importante camino por recorrer en la gestación de la sana competencia en las telecomunicaciones mexicanas, pero sin duda las acciones emprendidas hasta hoy por la administración federal encaminan al sector hacia el crecimiento económico y bienestar social de los mexicanos.
