El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, determinó promover una controversia constitucional en contra de los actos del Juez 32° de lo Civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, que determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) no tenía competencias para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión paga de los contenidos de la televisión abierta. Así lo confirmó el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, en conferencia de prensa.
La controversia, —impulsada por Ifetel tras la decisión de retirar del orden de día la emisión de los lineamientos en materia de retransmisión de señales—, argumenta que el must carry y must offer es un elemento esencial de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones porque genera competencia en el sector de TV paga y porque también permite salvaguardar el derecho de toda persona a recibir las señales de TV abierta.
La presentación destaca que la Constitución establece que es el Ifetel el encargado de resolver sobre la retransmisión de contenidos y no un juez local. “El hecho de que el juez local notifique que carece de competencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones en dicha materia argumentando la posible violación de derechos de autor, invade a todas luces las facultades que a la Federación le otorga la Constitución”, señala presidencia en un comunicado. La competencia del juez había sido defendida por Televisa en un comunicado, escudándose en resoluciones judiciales anteriores que determinan al juez 32° como la autoridad competente para resolver sobre los derechos de retransmisión de las señales radiodifundidas de los canales 2, 4, 5 y 9.
La jurisprudencia mexicana habilita al Presidente de la República a promover controversia constitucional con el objetivo de proteger las facultades de la Federación, aún y cuando éstas estén conferidas a otro Poder Federal.
El juez Mejía Galán había sido cuestionado también por Dish por favorecer a Televisa en el juicio que la televisora promovió en 2011 por la retransmisión de sus señales. Dish resaltó que las medidas cautelares dictadas por este juez fueron en dos ocasiones suspendidas y anuladas por jueces y tribunales de amparo. Ante esta situación, el operador presentó recursos de queja administrativa ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF, el Magistrado Edgar Elías Azar, y formuló el año pasado una querella penal contra el Juez 32°.
El operador de TV paga afirmó, además, que el último oficio del juez “constituye un agravio directo e inédito a la Constitución y al régimen de autonomía que la Reforma Constitucional de junio de 2013 le otorgara a Ifetel”.
La posición de Televisa no se hizo esperar. La televisora recordó que el oficio del juez 32° deriva de un litigio iniciado en 2011 con motivo de la retransmisión indebida de señales de radiodifusión, dos años antes de que se sancionara la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que incluye el must offer y el must carry. Las acciones legales iniciadas por Televisa se sustentan en la defensa de los derechos autorales involucrados en sus contenidos y programación.
La compañía afirmó que “respetará en todo momento las decisiones judiciales, a fin de que se resuelvan con oportunidad y pleno apego a la ley asuntos de gran relevancia para el sector de las telecomunicaciones y para la protección de los derechos de todos los mexicanos”.
