La compañía consideró que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión —enviada esta semana por el Poder Ejecutivo para su discusión en el Congreso— contiene diversos aspectos “que afectan la certeza jurídica y económica requerida en una industria de capital intensivo” y que impactarán en el desarrollo, inversión, innovación y competitividad del sector. América Móvil señaló en un comunicado que el proyecto de ley “se aparta de los principios rectores de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en el 2013”, incluyendo, por caso, una aplicación retroactiva de la ley para modificar resoluciones de carácter técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
El grupo criticó la propuesta de interconexión del proyecto de ley, argumentando que se obliga al agente económico preponderante —la propia América Móvil— a proveer interconexión de forma gratuita, premiando “la falta de inversión crónica de nuestros competidores”.
Otro punto central es la convergencia. La empresa consideró que las disposiciones incluidas en la propuesta “exceden los requisitos establecidos en la Constitución para que Telmex pueda acceder a la concesión única de servicios convergentes”, creando también “barreras de entrada a mercados altamente concentrados como los son el de la radiodifusión y la televisión restringida”, lo que a juicio de América Móvil protege al agente económico preponderante en radiodifusión y televisión restringida —el Grupo Televisa, quien también esta semana criticó el proyecto de ley secundaria—, perjudicando la competencia y a los consumidores.
El grupo de telecomunicaciones recordó además que, aunque existe el Acuerdo de Convergencia desde el año 2006, hasta el presente a Telmex no se la ha autorizado a brindar servicios de televisión en México. “La iniciativa propone que para solicitar la autorización para prestar dichos servicios debe transcurrir un plazo de al menos 24 meses de “cumplimiento” de diversas medidas establecidas por el Ifetel, prolongando así la falta de competencia en los mercados de radiodifusión y televisión restringida”, disparó la compañía.
América Móvil manifestó preocupación por otras propuestas contenidas en el proyecto que “impedirán o retrasarán la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de libre competencia, calidad, cobertura universal y convergencia, entre otros, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto de la Constitución”. El grupo hizo un llamado al diálogo con el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso y la industria en general para “lograr una legislación y regulación que impulse la inversión, la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México”.
Las críticas de América Móvil no fueron las únicas que recibió la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Poder Ejecutivo. Como se adelantó, esta semana Televisa también disparó contra el texto de la propuesta, al considerar que añade nuevas obligaciones a los agentes preponderantes que exceden las impuestas por el Ifetel.
El grupo comandado por Emilio Azcárraga Jean también se mostró insatisfecho con las regulaciones al agente económico preponderante en telecomunicaciones —América Móvil—, como la falta de una prohibición expresa de discriminación de tarifas por destino de llamada —lo que permitiría la aplicación de precios más bajos en llamadas on net—, entre otros.
Pero no sólo de los operadores llegaron detracciones al proyecto. Ya a comienzos de la semana, dirigentes nacionales del PAN (Partido Acción Nacional) y del PRD (Partido de la Revolución Democrática) rechazaron la iniciativa de ley. Cecilia Romero Castillo (PAN) y Jesús Zambrano Grijalva (PRD) afirmaron que el proyecto de ley secundaria no contiene el espíritu de la Reforma en Telecomunicaciones que fue aprobada por consenso entre el PRI (Partido Revolucionario Institucional), el PAN y el PRD a mediados del año pasado. Los políticos aseveraron que no se favorece una mayor competencia en telecomunicaciones ni la televisión y radiodifusión pública, y que se reducen varias facultades del nuevo regulador, el Ifetel, o se trasladan nuevamente al Poder Ejecutivo.
También Irene Levy, presidenta de Observatel, consideró que la propuesta “diluye” la reforma constitucional, en una columna en el diario mexicano El Universal. La experta apuntó sobre todo a un debilitamiento del Ifetel y cláusulas que permiten injerencia del Poder Ejecutivo, además de la postergación del apagón analógico.
