El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Gonzalo Ruiz, señaló al diario peruano La República que se necesita fortalecer las facultades del organismo para que sea ágil en su labor de supervisión. Las declaraciones fueron realizadas luego de su defensa de la reforma de la Ley 27.336 ante las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor del Congreso peruano.
La iniciativa tiene por objetivo modificar las funciones y facultades de Osiptel. La normativa, aprobada en comisiones el año pasado, fue rechazada por organismos como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) y este año se retomó su debate dentro del parlamento.
Ruiz consideró que es necesario aumentar el tope de multas, que actualmente tiene máximo de 500.000 dólares. “Este monto está por debajo de lo que se aplica en España —26 millones de dólares—, Brasil —24,8 millones de dólares—, Uruguay —1,74 millones de dólares— y Chile —850.000 dólares”, comentó el funcionario.
El funcionario destacó que si bien es necesario aumentar los topes, hay que prever que las sanciones deben ubicarse entre un ocho y un doce por ciento de los ingresos brutos de la compañía, para evitar enviar a la quiebra a pequeñas y medianas empresas.
El presidente de Osiptel indicó, además, que luego de la elección de un nuevo administrador de la portabilidad, el próximo paso es lograr la comercialización de equipos desbloqueados y eliminar de los contratos la exigencia de doce meses de permanencia. La eliminación de cláusulas de permanencia fue aprobado recientemente en Colombia.
