Ley de Antenas en Brasil promueve la compartición de infraestructura

El Senado Federal de Brasil aprobó la Ley General de Antenas, que unifica las reglas para la instalación y compartición de torres y permite mayor celeridad en los procesos de autorización para las empresas de telecomunicaciones. El proyecto había sido aprobado en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación, Comunicación e Informática en noviembre pasado.

El texto aprobado en la Cámara de Senadores deja fuera de alcance la compartición de antenas en plataformas de exploración de petróleo, los radares militares y civiles —con propósito de defensa o control del tráfico aéreo— y las infraestructuras de radionavegación y telecomunicaciones aeronáuticas.

Con el propósito de simplificar la solicitud de licencias, la nueva legislación determina que el operador deberá enviar su requerimiento a un único órgano de administración en cada ente federado. El plazo máximo para la decisión será de 60 días, contados simultáneamente en los casos en que haya exigencia de deliberación por más de un órgano. En caso de que sea necesaria una audiencia o consulta pública, este plazo puede ser ampliado por 15 días.

Las antenas de pequeño porte —small cells— quedan exeptuadas de la solicitud de licencia, aunque deberán obedecer otras reglas específicas.

Las licencias tendrán un plazo de 10 años, con posibilidades de renovación.

Con la nueva legislación se incluye la obligación de compartir la capacidad excedente de la infraestructura de soporte, excepto que haya algún motivo técnico que lo impida.

De acuerdo con la legislación, las nuevas antenas deberán ser planeadas para permitir su compartición con el mayor número posible de prestadoras. La compartición de infraestructura es un tema que ya estaba presente en el mercado brasileño, con acuerdos entre privados —como es el caso de TIM y Oi o Claro y Telefónica—.

En materia de radiación, el texto establece que la instalación de infraestructura móvil debe obedecer los límites de exposición definidos en la legislación y la regulación específica. Ademáss, establece como competencia federal la fiscalización de este cumplimiento, aunque los órganos estatales, distritales y municipales tendrán la obligación de informar cuando haya indicios de irregularidades por parte de los prestadores. La autorización ambiental estará a cargo del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama)

La norma impone la creación de una comisión consultiva, conformada por representantes de la sociedad civil y las telecomunicaciones en municipios de más de 300.000 habitantes.

 

Leticia Pautasio es periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina). Durante su carrera profesional se desempeñó en gráfica, radio y medios de comunicación en línea. Desde 2009 se especializa en tecnología, telecomunicaciones y negocios; cubriendo la realidad del sector en América latina. En 2013 obtuvo el diplomado "El Periodista Latinoamericano como agente y líder en el desarrollo social" del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Contacto: [email protected]

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