Todo parece señalar que se iniciaría en Chile el despliegue de LTE en la banda de 700 MHz, licitada a principios de 2014. La Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel), a cargo de Pedro Huichalaf, y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), liderado por Andrés Gómez-Lobo, aprovecharon la decisión judicial favorable a los operadores de telecomunicaciones para que la Contraloría General de la República tome razón de los decretos de adjudicación y que los operadores puedan finalmente utilizar el espectro y comenzar a desplegar la infraestructura. Todo esto casi al mismo tiempo que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentaba un recurso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que la Corte Suprema revise su decisión.
En esta semana, MTT y Subtel se hicieron eco de la voz de los operadores y fueron ellos los que anunciaron que se invertirán 700 millones de dólares en el despliegue de la banda de 700 MHz en Chile. De esta inversión, 300 millones de dólares serán destinados a proyectos de infraestructura para el despliegue de redes, mientras 400 millones de dólares financiarán proyectos comerciales de las propias empresas, y la compra de equipos.
La cifra se enmarca en el compromiso de la industria de las telecomunicaciones de invertir 22.000 millones de dólares en un plazo de 10 años para potenciar el sector y ampliar su cobertura. Los montos de inversiones por operador no se dieron a conocer.
A pesar de tener ya la concesión del espectro, los tres operadores —Movistar, Claro y Entel Chile— están en una situación difícil ya que comenzarían a correr los plazos previstos para el despliegue de la red, al mismo tiempo que la causa judicial aún espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia —el TDLC proveyó esta semana la reclamación de Conadecus por el caso de 700 MHz, por lo que se elevó la causa al Máximo Tribunal—.
Una decisión favorable al reclamo de Conadecus significaría que la licitación deberá realizarse nuevamente. Y los tiempos de la justicia no son rápidos. Se espera que el caso demore entre cuatro y seis meses para ser revisado en la Corte Suprema.
De acuerdo con los pliegos de la licitación, las empresas adjudicatarias tendrán un plazo máximo de 24 meses para desplegar sus redes y otro de 18 meses para dar conectividad a 1.281 localidades aisladas, 503 establecimientos educativos y 13 rutas —unos 854 kilómetros— del país. Estos plazos serán contados a partir de la publicación de los decretos de concesión en el Diario Oficial de Chile, algo que todavía no ocurrió. Todo indica que la publicación de estos decretos se realizará en los próximos días. Pero, seguramente, para muchos actores del sector cada día que pasa será un alivio y permitirá contar con algo más de tiempo a la espera de la resolución en la Corte Suprema.
