La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) anunciaron la finalización de la etapa de consultas y aclaraciones del concurso de la red compartida y nuevas modificaciones al cronograma de licitación.
De esta manera, se vuelve a retrasar la fecha de licitación —el proceso ya había sufrido otras dos modificaciones en los plazos—, aunque no la puesta en marcha de la red, que se mantiene para 2018, tal como está previsto en la Reforma Constitucional.
“En atención a las solicitudes realizadas en las juntas de aclaraciones, y con el fin de permitir que los concursantes, quienes han reiterado su sólido interés en el proyecto, cuenten con más tiempo para avanzar en los trámites necesarios para el cierre del financiamiento (…) se determinó modificar el calendario del concurso de la red compartida”, señala un comunicado enviado a la prensa. El tiempo adicional, indicaron, permitirá a los interesados estructurar, proponer y negociar sus instrumentos de deuda y correr los trámites necesarios para obtener aprobaciones de los comités respectivos.
El nuevo cronograma establece que la presentación de la solicitud de opinión en materia de competencia económica será el 12 de septiembre y el plazo para la notificación de la resolución, el próximo 17 de octubre de este año. La presentación de propuestas ante la SCT se pasó para el 20 de octubre, y el fallo se dará a conocer el 17 de noviembre. La firma del contrato de concesión está prevista para el 27 de enero de 2017.
Un nuevo retraso en la licitación es preocupante, si se considera que la red deberá estar operativa en 2018 por mandato constitucional, por lo que la empresa que resulte ganadora tendrá menos tiempo para realizar el despliegue y la puesta en marcha de la red.
La realidad es que las demoras hacen preguntarse si el modelo —único en la región— es realmente viable en México. Los resultados del proceso, hasta ahora, no parecen ser los que la SCT esperaba inicialmente. Las bases del concurso fueron compradas por 20 compañías —muchas de las cuales son consultoras o empresas proveedoras de equipamiento—, pero en la segunda etapa de consultas solo participaron cuatro: Ríos Ferrer-Llarena Treviño y Rivera SC, Comunicaciones Veta Grande, Alestra y Rivada Networks.
De estas cuatro compañías, la primera se trata de un estudio de abogados —por lo que no podrá participar como operador de la red—, mientras que las otras tres sí tendrían posibilidades de hacerse con el contrato. Sin embargo, una de ellas, Alestra —hoy fusionada con Axtel—, tendrá una dificultad adicional: el regulador deberá autorizarla en materia de competencia, ya que se trata de una compañía que actualmente opera en el mercado local.
Aún así, el Gobierno mexicano insiste en el desarrollo del proyecto, que se espera sea uno de los principales impulsores de la entrada de nuevos capitales e inversiones al país. Y en la región, se espera con ansias los resultados de esta experiencia, que podría modificar definitivamente el mapa de las telecomunicaciones del futuro.
