Un proyecto de ley (expediente 2298-D-2016) presentado en la Ciudad de Buenos Aires que busca incorporar la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de Internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando este medio desató polémica: representantes de la industria se mostraron en desacuerdo con la iniciativa y la consideraron un riesgo a la libertad de expresión.La Ley de Procedimiento Contravencional número 12, aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 1998, anuncia en su artículo 18 del capítulo seis el apartado “medidas precautorias”. Los legisladores Daniel Presti (PRO) y Claudio Palmeyro (Sindical Peronista) consideran apropiado añadir el “inciso e” a esta reglamentación, con título “Suspensión o Bloqueo del Servicio de Internet”. Textualmente, el proyecto, que desde hoy cuenta con el aval de la comisión de Justicia de la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que “en caso de conductas que sean realizadas mediante (…) Internet o cualquier otro medio de comunicación se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio bloquear o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate, en forma parcial o total”.Gonzalo Navarro, de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), aseguró en diálogo con Télam que “este tipo de atribuciones propician el establecimiento de condiciones de censura administrativa sobre la libre circulación de contenido de Internet”. Acompañó de esta forma a un sinnúmero de organismos y personas que se pronunciaron en contra de su aprobación.En una carta abierta, diversas organizaciones expusieron sus motivos para desincentivar la propuesta. Entre ellas, consideran que el proyecto desconoce que la Constitución Argentina reserva para la Nación la regulación de las telecomunicaciones y que los pactos de Derechos Humanos que protegen la Libertad de Expresión tienen rango constitucional y que, por ello, la restricción de contenidos debe adecuarse a estos estándares. También indica que las presuntas conductas de “otros medios de comunicación” pueden afectar la libertad de prensa y que los estándares técnicos de Internet actuales hacer que sea difícil cumplir la medida prevista sin afectar a terceros.En ese último punto concentra su rechazo Alai. En un comunicado, señala que “nos preocupa que con cada vez más frecuencia en la región se considere como normal por parte de autoridades la posible aplicación de bloqueos al acceso a Internet (…) sin que se repare en las consecuencias técnicas, legales y prácticas que generan para usuarios y el ecosistema de Internet.” Sus ejemplos más concretos, añade, se pueden constatar con los bloqueos a Whatsapp en Brasil, que recibió un rechazo transversal por parte de miembros de la comunidad técnica, la industria y la sociedad civil en la región. Luego, más contundente, destaca que el proyecto “entraña la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina”.Los defensores de la iniciativa, citados por el medio La Nación, indican que el objetivo es bloquear sitios que puedan ser usados para discriminación, pornografía infantil o grooming. También eliminar la posibilidad de que se ofrezcan juegos online en sitios con el objetivo de lavar dinero o no pagar impuestos, por ejemplo. Otras voces sostienen que, como Palmeyro es presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, apunta al bloqueo de Uber como consecuencia indirecta de esta modificación.