Con 50 votos a favor, Diputados aprobó la prohibición de emitir señales inalámbricas de Internet en un radio menos a 100 metros de los centros penales en El Salvador. El proyecto, presentado por el vicepresidente Óscar Ortiz, modifica un decreto transitorio que impide instalar infraestructura y ofrecer servicios de telecomunicaciones en cárceles. La información fue publicada por el periódico local La Página.
La normativa surge luego de que autoridades locales detectaran que se utilizaban dispositivos móviles desde cárceles y se comunicaban con el exterior empleando redes Wi-Fi de viviendas y oficinas cercanas. “Con el objeto de evitar que los reos extorsionen desde los centros penales, se establecen obligaciones, prohibiciones y sanciones, para las personas naturales o jurídicas, que faciliten dicha señal hacia el interior de los centros penitenciarios”, señala la norma.
En caso de incumplirse la medida, los operadores comerciales serán multados económicamente, con argumento en el artículo 14 de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión. Los infractores sólo serán castigados con el decomiso del equipo y, en caso de reincidencia, con multa de hasta 20 salarios mínimos.
Otros países de la región trabajan en iniciativas similares, con el objetivo central de evitar el contacto desde cárceles con el exterior. En Honduras y en Perú, el proceso comenzó en 2014, mientras que en México, hace un mes, el regulador determinó especificaciones para el bloqueo de señales en centros penitenciarios.