La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) aprobó el 27 de octubre un acuerdo con Vivo (Telefónica) que dispone trocar multas por una inversión calculada en 4.870 millones de reales (1.523 millones de dólares). Los términos del pacto fueron remitidos al Tribunal de Cuentas (TCU), que tendrá la última palabra sobre su validez.
En este contexto, Vivo deberá llegar en los próximos cuatro años a 100 municipios —35 de ellos en el estado de San Pablo— con infraestructura de banda ancha . Además, tendrá que ampliar su backbone en 7.200 kilómetros, brindar cobertura 4G en 152 ciudades, instalar 3G en localidades que solo cuentan con 2G y actualizar sus teléfonos públicos
El operador también deberá invertir en sistemas integrados para que las quejas de sus usuarios en materia de calidad de servicios tanto fijos como móviles puedan ser atendidas de forma online.