La aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela por parte de la Asamblea Nacional otorgaba cierta esperanza de cambios en un mercado deprimido y con bajos índices de inversión.
Las modificaciones en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con el objetivo de despolitizar al regulador y la promesa de extender la duración de las concesiones de espectro fueron celebradas por todo el arco opositor venezolano. No obstante, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la reforma por haber sido aprobada mientras sesionaban diputados impugnados por el oficialismo que la Sala Electoral había ordenado desincorporar, vuelve todo a foja cero.
Por ahora, reina el status quo. Los cambios implementados en la reforma no serán puestos en marcha y los operadores no deberán esperar cambios en la forma de regular el mercado. Asimismo, se enfría la posibilidad de que tenga éxito una nueva reforma de la ley —al menos en los mismos términos que la anterior— ya que el TSJ añadió en su decisión algunos comentarios en contra del propio texto de la legislación.
El máximo tribunal venezolano apuntó que la ley aprobada en septiembre tiene “una clara intención de desconocer o vaciar de contenido el Estado Social de Derecho y de Justicia definido en la Constitución que se vierte en el sistema de información” y criticó el cambio de carácter de interés público a interés general a las actividades de instalación, establecimiento, explotación y prestación de servicios de telecomunicaciones. Además, planteó que la extensión de las licencias de espectro y la posibilidad de renovarlas automáticamente “propicia la obstaculización de la actuación del Estado como rector de la economía en el sector de las telecomunicaciones”.
En el mercado venezolano, no obstante, era ingenuo esperar que una simple legislación cambie el escenario del sector. Los operadores enfrentan en Venezuela un contexto complicado por la contracción de la economía y una alta inflación. Además, el uso de la herramienta más simple y rápida para frenar las pérdidas —el incremento de precios— fue frenado por el propio gobierno. Y las noticias del robo de infraestructura de telecomunicaciones caen en este escenario como una bomba, ya que obliga a operadores a realizar gastos extraordinarios para mantener activo el servicio.
La situación en Venezuela, entonces, parece ser mucho más compleja que una simple reforma legislativa. Habrá que ver si el mercado tendrá la capacidad de acomodarse al contexto o será necesario el empuje del Estado para darle mayor dinamismo.
Por ahora, se conoce que Venezuela está evaluando alternativas para licitar espectro y Telefónica, a pesar de la situación, ya está considerando participar de una nueva subasta, de acuerdo a un reporte a sus accionistas elaborado por la firma española en octubre. Esto muestra cierta confianza en el mercado. Habrá que ver si la decisión de la Justicia sobre la reforma modificará los planes de la compañía.
