telesemana.com
Brasil: reforma de ley de telecomunicaciones otorga beneficios para los operadores a cambio de inversión en banda ancha
Incrementar las inversiones en servicios de banda ancha parece ser la prioridad del nuevo gobierno brasileño y la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones se muestra como una buena oportunidad de sentar las condiciones del mercado para promover los desembolsos en infraestructura, que este año se mantuvieron en “stand-by” debido a la fuerte crisis económica y política que afectó al país. La otra carta bajo la manga es el nuevo Plan Nacional de Banda Ancha, que se espera salga a la luz próximamente.Ayer, martes seis de diciembre, salió de la Comisión Especial de Desarrollo Nacional (CEDN) el proyecto de reforma de la Ley de Telecomunicaciones, una iniciativa cuyo objetivo es “estimular las inversiones en redes de soporte de banda ancha, eliminar posibles perjuicios a medida que se aproxima el fin de los contratos y aumentar la seguridad jurídica de todos los actores en el proceso de prestación de servicios de telecomunicaciones”, según la propia descripción de la iniciativa que realiza Agencia Senado.El proyecto trae cambios fuertes al mercado. Quizás uno de los más importantes es el fin de los denominados “bienes reversibles”, aquellos activos de infraestructura de telefonía fija que las compañías debían devolver al finalizar sus contratos de concesión —y que, al acercarse la fecha (2025), los operadores veían con preocupación—. Con este nuevo proyecto, los bienes reversibles quedarán en manos de los operadores. Sin embargo, el dinero que el Estado brasileño dejará de recibir por esta decisión deberá ser utilizado para inversiones en infraestructura de banda ancha. “Esta alteración va a estimular las inversiones por parte de los operadores, al contrario de lo que ocurre hoy”, indicó el senador Flexa Ribeiro. Juarez Quadros, titular de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), coincidió con que la reforma de la regulación atraerá mayores inversiones al sector.La realidad es que, a pesar de que administraciones anteriores intentaron llevar calma al mercado en cuanto al alcance de los bienes reversibles, los operadores fijos temían de realizar grandes inversiones en nuevas tecnologías por temor a que, al fin de su período de concesión, el Estado se quede con toda la infraestructura —casos similares hemos visto en Colombia y Perú para la telefonía móvil, que se resolvió con un acuerdo para renovar los períodos de concesión—.Otra buena noticia que trae la reforma a la Ley de Telecomunicaciones es que, de aprobarse el proyecto, podrán solicitar el cambio de concesión de servicios de telecomunicaciones para autorización, un régimen mucho más simple. Además, la telefonía fija funcionará bajo el régimen privado en vez de público, al igual que hoy lo hacen los servicios de telefonía móvil, Internet y TV paga. En contraprestación, los operadores deberán comprometerse a prestar el servicio en áreas sin competencia, continuar con los contratos asumidos y, otra vez, invertir en redes de banda ancha.Por último, otro de los cambios que trae la nueva legislación es que el plazo máximo de la concesión y la autorización será de 20 años, con posibilidad de ampliarse indefinidamente por el mismo período —la actual legislación solo prevé la prórroga por única vez—. Lo mismo ocurrirá con las concesiones para la explotación satelital, que tendrán un plazo de 15 años, sin límite de prórrogas.Otro consenso logrado en la reunión de comisiones que los fondos de Universalización de las Telecomunicaciones (Fust), Fiscalización de Servicios de Telecomunicaciones (Fistel) y para el Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (Funttel) deben ser exclusivos para uso del sector, y no llenar las arcas de otros sectores.