El gobierno argentino asumió en 2015 con el compromiso de crear un marco regulatorio que fomente la convergencia de servicios y tecnologías y rápidamente se puso sobre los hombros el desafío de crear una nueva ley de telecomunicaciones que impulse las inversiones en el sector. Los nuevos aires fueron celebrados por el sector, que se alistaba a realizar fuertes inversiones en el país.
Sin embargo, antes de poner manos en una nueva legislación, las autoridades firmaron un decreto de necesidad y urgencia que benefició al Grupo Clarín y dejó poco y nada al resto de los operadores. Los retrasos en la reforma de la legislación y el freno de las inversiones —por un contexto económico desfavorable y un marco regulatorio que aún no queda claro— pusieron el grito de alerta en las autoridades que, desde hace un par de meses, prometen sacar a la luz un nuevo decreto para regular el sector. El país no puede darse el lujo de esperar los tiempos legislativos, aducen.
El texto del decreto debería darse a conocer antes de fin de año, quizás con la expectativa de que las compañías modifiquen su presupuesto para 2017. Lo cierto es que a la fecha aún no se ha publicado y el gobierno parece estar buscando un consenso entre los principales actores, algo que aún no aconteció.
El proyecto que circula —del que no se conocen suficientes detalles— parece no conformar a los principales grupos de telecomunicaciones del país. Tanto que hoy, miércoles 21 de diciembre, una de las organizaciones que los agrupa, Asiet, lanzó un duro comunicado de prensa en contra de las medidas regulatorias que podría tomar el país.
La organización señaló que con el incipiente decreto “se estarían introduciendo modificaciones al marco normativo que contrariamente al objetivo declarado de la reforma, preservarían las asimetrías existentes, y favorecerían abiertamente a determinados actores en desmedro de otros”. Y todavía fue más contundente: “de producirse dicho escenario se afectaría negativamente la confianza en el actual proceso de reforma y dañaría severamente el prospecto de mayores inversiones en el corto y mediano plazo”. El mensaje para el gobierno es claro: las telefónicas no están dispuestas a invertir en un escenario en que no se le garanticen ciertos derechos.
Asiet asumió el principal reclamo de las telefónicas en contra de la prohibición de ofrecer servicios de TV paga en la modalidad DTH. “No es propio de un país moderno limitar de forma arbitraria las alternativas tecnológicas y comerciales que las empresas puedan ofrecer, y menos hacerlo de forma asimétrica para proteger a determinados actores del mercado”. “Mientras no se resuelvan dichas asimetrías, difícilmente habrá inversiones importantes en el sector”, agrega, reforzando el mensaje de que no habrá inversiones mientras no haya un escenario claro que brinde seguridad jurídica y un trato simétrico entre los diferentes actores del sector.
El organismo también aprovechó a cargar en contra de Cablevisión, que, a través de Nextel Argentina, adquirió operadores pequeños con espectro en 2,5 GHz y espera la autorización del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) para utilizar esas bandas en telefonía móvil. Si bien Asiet valora que la normativa “otorgue la suficiente flexibilidad para que este tipo de operaciones puedan llevarse adelante, posibilitando un mejor aprovechamiento eficiente del espectro, y permitiendo que este recurso pueda ser explotado por los actores que más lo necesitan y tienen la capacidad económica de desplegar redes y servicios” —algo que si no apoya, obviamente, iría en contra de los propios intereses de las telefónicas y los operadores que tienen espectro en 3,5 GHz—, la organización afirmó que “es fundamental que un proceso de estas características se realice respetando el marco legal vigente, sin producir asimetrías y vulnerar la igualdad de trato respecto de las inversiones ya realizadas”.
Quizás lo que se busca es un marco más equilibrado, que obligue a Cablevisión a tener compromisos de cobertura, obligaciones de compartición de infraestructura y acceso para operadores móviles virtuales, al igual que se impuso para los operadores de telecomunicaciones en la última subasta de espectro. “Es indispensable que se establezcan los adecuados mecanismos compensatorios para preservar la igualdad de condiciones entre todos los actores, tanto en lo referido al valor económico del espectro, al tratarse de un bien de la Nación, las obligaciones no pecuniarias antes referidas y se levanten las limitaciones a la cantidad de espectro que pueda tener cada operador”, afirmó Asiet.
Las cartas están echadas y las autoridades hoy tienen la difícil labor de crear un escenario que permita abrir el juego y atraer inversiones de empresas extranjeras, una de las prioridades del gobierno nacional. El gobierno parece intentar buscar un consenso y las posiciones a uno y otro lado de la batalla son de no resignar ni un espacio en un futuro mercado convergente. Los cambios regulatorios por decreto parecen ser la vía rápida para balancear un mercado, pero es quizás un elemento con el que no se debe tomar tan a la ligera, ya que sientan precedente y aportan argumentos para aducir que Argentina no tiene seguridad jurídica ni un marco regulatorio claro, dos elementos que toda economía que quiera atraer inversiones debería fomentar.
