En enero el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunciaba que desde marzo aplicaría la Política de Uso Justo de Internet móvil postpago, es decir que implementaría tope de descarga de tráfico en planes y reduciría la velocidad cuando el usuario haya consumido los gigas contratados. Este martes siete de marzo la justicia admitió dos amparos en el que se piden explicaciones a la estatal y se solicita suspender esta medida.
Los pedidos fueron generados por dos ciudadanos particulares y fueron acogidos por la Sala Constitucional número dos. Hay una tercera queja, presentada por el diputado Mario Redondo, del partido Alianza Demócrata, que aún se encuentra en observación.
Los magistrados tendrán ahora tres días para revisar las solicitudes y analizar los documentos, señaló el medio Costa Rica Hoy.
La medida de Política de Uso Justo fue aprobada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en 2014 y los operadores privados la implementaron de inmediato mientras que ICE lo hizo el pasado primero de marzo de 2017.
