Doce días atrás, la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó la creación de impuestos para financiar la ampliación del Servicio Nacional de Emergencia (911). Desde entonces, aparecieron las críticas: a la queja de los operadores locales se sumó la de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).
“Asiet expresa su profunda preocupación por la aprobación del proyecto que, de ser implementado, tendría efectos negativos en los avances del sector de telecomunicaciones y generaría riesgos para la protección de la información de los usuarios”, pronunció la asociación en un comunicado, en que resaltó que el sector ha realizado inversiones para el funcionamiento del sistema de emergencias, que es gratuito para la población.
Señaló que la normativa no tuvo en cuenta “los avances y aportaciones que la industria realizó ni los efectos que tendría el mecanismo de financiamiento”. Su contenido es contrario a los objetivos que las propias autoridades han fijado en cuanto al acceso a las TICs, atacó.
También planteó que iría en contra de los objetivos recaudatorios del Estado, pues incentiva la adopción de servicios prestados por operadores ilegales y OTT no regulados, que están eximidos del pago de impuestos. Esto, dijo, en el contexto de un país altamente gravado, el segundo con más impuestos en la región y el sexto del mundo.
En igual sentido se pronunciaron los operadores móviles algunos días atrás, registró Diario Libre. Argumentaron que aumentarán los costos de la llamadas y ese costo se trasladará al cliente. Eso llevará a que se realicen menos llamadas, lo que a su vez afectará el precio del minuto internacional negociado en base a volumen. Otra consecuencia será que las telefónicas revisarán los beneficios de sus planes residenciales, que actualmente incluyen llamadas internacionales dentro del paquete de minutos. También dijeron, en coincidencia con Asiet, que alentará el uso de aplicaciones alternativas.
Los operadores locales se quejaron, además, del Sistema Antifraude que se incluye en el artículo 28 de la normativa. Según las compañías, este ítem constituye una violación a la intimidad y a la privacidad de las informaciones de los clientes, ya que el Estado podrá monitorear el tráfico de voz y datos de los usuarios en tiempo real y sin necesidad de contar con una orden judicial.
