Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional (PNL), presentó el proyecto de ley 20.471, que propone la creación de un nuevo impuesto en los servicios de telecomunicaciones de Costa Rica para crear un Fondo del Sistema de Emergencias 911. Alcanzaría a la telefonía fija y móvil e Internet.
“El 911 existe hace años y se ha financiado con un impuesto en telecomunicaciones. Hoy la red ha crecido y se diversificó, los ingresos bajaron y la necesidad subió”, argumentó González y sintetizó que la idea del proyecto es que el sistema de emergencias “sobreviva a la caída que tiene en materia de ingresos”.
El funcionario prefirió no referirse a cuál será la tasa de impuestos que se aplicará pero señaló que el adicional “entraría en el costo general de la comunicación telefónica y por Internet sin que sea desmesurado, sino técnicamente sustentado”. Sus declaraciones fueron tomadas por La Prensa Libre.
El Movimiento Libertario (ML) se mostró en contra de la iniciativa. Su máxima representante, Natalia Díaz, dijo que “es un tema que requiere mayor análisis. Es importante mantener la cordura. No todo debe solucionarse a través de los impuestos, hay que buscar otras maneras de generar ingresos por parte del Estado”.
González, que presentó el proyecto el pasado lunes 31 de julio, respondió que esto no llegaría a afectar la economía de los costarricenses. “¿Qué será más golpe, dejar que el sistema de emergencias fenezca o sostenerlo como lo hemos hecho durante 20 años?”, expresó e hizo énfasis en que el dinero serviría para fortalecer un sistema formado por la Cruz Roja, bomberos y seguridad, entre otros.
Hace una semanas, la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó el proyecto que pretende el cobro de una carga adicional fija de 0,2 dólares por minuto por cada llamada internacional de voz y de 0,0025 dólares por cada SMS internacional para financiar el 911.
Según el texto original, el monto deberá ser pagado por los operadores al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel). El documento, que recibió quejas de las empresas locales y de Asiet, pasó hace poco menos de un mes al Senado para su evaluación.