El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) propuso cobrar por el uso excesivo de Internet móvil en vez de restringir la velocidad de acceso. “El mecanismo más eficiente a escala mundial es la fijación de pagos según el volumen de consumo; ocurre con el agua y la luz, donde los consumidores regulan el uso sin ninguna acciones de los proveedores”, dijo el director del Negocio Información y Televisión de la estatal, Luis Roberto Hernández.
En abril, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) señaló que las tres empresas móviles ya cumplían con la reducción de la velocidad de conexión a 256 Kbps a postpagos cuyo consumo supera el plan de datos contratado. A pesar de que la norma recibió el visto bueno de entidades como Asiet, también hubo voces en contra y tres de ellas se convirtieron en denuncias oficiales.
Una de las quejas formales fue acogida por la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que “el acceso a Internet es un derecho fundamental y también una herramienta que potencia el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión o la educación” por lo que la reducción de velocidad a un nivel tan bajo vuelve el recurso prácticamente inutilizable y pone en riesgo el cumplimiento de esos derechos.
La Sala Constitucional, entonces, instó al regulador a ejecutar cambios concretos en la medida y señaló que, de no hacerlo, la medida quedará sin efecto. Sutel aún no se pronunció al respecto pero sí había defendido la medida en debates previos, en los que enfatizó que el cinco por ciento de los 1,8 millones de usuarios postpago existentes acaparaba entre el 35 y 40 por ciento de la red móvil.
El ejecutivo del ICE dialogó con La Nación y dijo que el tema es de alto interés para la empresa, pues el postpago es un segmento clave en su operación. La estatal es líder de ese mercado y concentra el 68 por ciento de las líneas. Además, aunque el segmento prepago es responsable del 78 por ciento del total de líneas móviles en funcionamiento, los contratos postpagos aportaron el 55 por ciento de los ingresos de telefonía celular en Costa Rica en 2016.
Edgar del Valle, gerente legal de Claro, consideró que “otras formas de restricción de consumos excesivos resultan más gravosas para los usuarios, por lo que, mientras la regulación permita la aplicación de uso justo, no se estarían aplicando por parte de Claro”. Luego aclaró que las políticas restrictivas se aplican a usuarios con consumos “anormales que pueden perjudicar la calidad de los servicios”.
En igual sentido se pronunció Movistar. Su gerente de Regulación, José Pablo Rivera, indicó que este tipo de políticas (como la de uso justo) es una forma de armonizar las necesidades de consumo de los clientes con su inversión mensual a partir de la oferta de planes.
