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San Pablo propone una nueva Ley de Antenas y espera que se apruebe en 2017
El gobierno de San Pablo espera tener antes que termine el año una nueva Ley de Antenas, con menos trabas burocráticas para obtener permisos. El proyecto indica entre sus argumentos que la ciudad tiene más de 1.000 pedidos de instalación demorados y que los pocos en donde se recibe luz verde, las empresas tardan casi un año en cumplir todas las exigencias.La iniciativa será presentada formalmente la próxima semana próxima por el concejal Paulo Frange, con apoyo de otros funcionarios. Frange es médico, lo que podría ayudar a aplacar aún más una idea recurrente durante los debates, que indicaba que la instalación de sitios celulares tiene impacto negativo en la salud de las personas.“La gran innovación (del proyecto) es que las antenas dejan de ser tratadas como edificaciones y entrarán en el concepto de instalaciones”, explicó Paulo Eduardo Brandileone, gestor técnico de la Secretaria Municipal de Urbanismo. Además, destacó que el protocolo para la obtención de licencias podrá hacerse online, por lo que los interesados recibirán autorización en un máximo de 60 días.La modernización del reglamento es un pedido de operadores, de empresas y del propio municipio, indicó el portal local TeleSintese. Los defensores de la propuesta apuntan que no se trata solo de una cuestión tecnológica, sino que es una parte fundamental para ampliar la oferta de banda ancha, lo que se logra con mayor cobertura.A principios de año, la Asociación Brasileña de Infraestructura para Telecomunicaciones (Abrintel) señaló que las dueñas de torres esperaban invertir 1.200 millones de reales (377 millones de dólares) en 2017 y que el monto podría ser mayor si se destrababan normas para la instalación de antenas. En San Pablo se proyecta invertir 4.000 millones de reales (1.256 millones de dólares) hasta 2019, dijo la entidad y se quejó de que “uno de los asociados pidió instalar cinco torres en 2012 y recibió la autorización para instalar solo una a fines de 2016”.La situación no es propia de Brasil sino una queja habitual de los operadores en la mayoría de los países de la región. En Colombia y Costa Rica, por ejemplo, los gobiernos locales pidieron que los municipios sean más flexible y en Paraguay se presentó un proyecto con un objetivo similar, sobre la base de experiencias de Chile y Perú.