La Declaración de Buenos Aires del último Congreso Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17), celebrado la primera quincena de octubre en Argentina, tiene sabor a poco. Se trata del primer documento dado a conocer por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), luego de varias jornadas de deliberaciones que se extendieron más de lo previsto.
La declaración se limita a solicitar intercambio de experiencias y cooperación entre países miembros de la UIT y otros actores interesados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. “Es importante estrechar la cooperación internacional en cuanto al intercambio de prácticas óptimas de transformación digital y el desarrollo de soluciones, textos reglamentarios, normas y aplicaciones para la economía digital”, señala el documento en su artículo 10. Y, más adelante, aboga por la colaboración entre países “desarrollados y en desarrollo para cerrar la brecha digital” en los ámbitos técnico, de transferencia de tecnología y conocimiento, investigación conjunta, intercambio de buenas prácticas y desarrollo socioeconómico.
La colaboración entre gobiernos, organizaciones, entidades y empresas privadas, señala el documento, debe darse además en el ámbito de la seguridad, protección de datos personales y privacidad —aunque esta última palabra finalmente no fue incluida en el documento final—. El documento prevé cooperación y coordinación internacional en la capacitación e intercambio de prácticas para “el desarrollo de políticas públicas y medidas de índole jurídica, reglamentaria y técnica que aborden, entre otras cuestiones, la protección de datos personales”. Este tema cobra especial relevancia ahora que las tecnologías de Big Data y analíticas comienzan a tener un mayor protagonismo en el mercado.
El documento, además, prevé “potenciar la participación de los países en desarrollo en las actividades de la UIT a fin de reducir la brecha de normalización”. El objetivo es que las decisiones tomadas en el marco de la UIT puedan reflejar las necesidades e intereses de los países en desarrollo, algo que —por lo que entendemos de esta declaración— no estaba sucediendo.
Por último, la Declaración de Buenos Aires especifica al menos dos recomendaciones para los gobiernos y entes reguladores, encargados de diseñar la política pública. UIT solicitó incentivar la inversión e incluir la innovación como una parte de las políticas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). “Los legisladores y reguladores deben seguir fomentando el acceso asequible y generalizado a las telecomunicaciones/TIC, incluido el acceso a Internet, mediante políticas y entornos reglamentarios y jurídicos equitativos, transparentes, estables, predecibles y no discriminatorios”, afirma el documento.
Este objetivo es compartido por Internet Society, que el viernes publicó una nota en la que insta a los 100 ministros que participaban del evento a “implementar políticas sobre infraestructura y habilidades digitales que permitan la conectividad de miles de comunidades alrededor del mundo”. En este marco, la organización firmó un acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) para cooperar en el apoyo a redes comunitarias en ese país. “Se trata de redes construidas en comunidades, por comunidades y mediante alianzas con múltiples partes interesadas. Son un complemento a los modelos tradicionales de acceso y cada persona las puede promover, donar o incluso construir”, explica la organización. Además de Argentina, Chile está evaluando la puesta en marcha de este tipo de redes para llevar conectividad a sitios en los que los actores tradicionales no les interesa invertir.
