La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aprobó un acuerdo con la filial local de Telefónica, Vivo, en el que disponía cambiar multas por inversión para llevar banda ancha a zonas desatendidas, por una inversión de 4.870 millones de reales (1.477 millones de dólares). En septiembre pasado el Tribunal de Cuentas de la Unión no vio impedimentos para la operación pero impuso algunos cambios, que comenzaron a discutirse inmediatamente. Entre las observaciones se encontró la necesidad de cambiar algunas de las ciudades previstas. Telefónica aceptó la modificación pero pidió precisiones para evitar presiones del mercado.
La Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint), la Asociación Brasileña de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones Competitivas (Telcomp) y hasta técnicos de Anatel consideraron necesario modificar los Términos de Ajustes de Conducta (TAC) para involucrar a nuevas ciudades y dejar de lado otras. “No faltan en este país ciudades con Valor Presente Líquido negativo –más gastos que ingresos-”, respondió la compañía.
El debate deriva de que dentro de los 110 municipios aprobados inicialmente hay capitales, como el caso de Belém. La situación llevó a discusiones internas dentro del regulador porque no había acuerdo en que parte de las inversiones vayan a sectores donde hay competidores, como sucede en al menos 15 de las ciudades escogidas, o donde la cobertura del servicio es superior al 20 por ciento, señaló el portal local TeleSintese. “¿Las ciudades que ya tienen proveedores de Internet quedarán excluidos del acceso a fibra óptica a la residencia? Si fuera esa la política pública, debe ser explicitada”, apuntaron desde el operador.
Las inversiones de Telefónica, se defendió la compañía. no pueden limitarse a pequeños sectores o barrios de buen nivel socioeconómico porque el TAC contempla entre sus obligaciones que tiene que ver con Valor Presente Líquido negativo. El caso de Belém, por ejemplo, se instalará banda ancha en 110.000 casas y, entre ellas, “hay contempladas residencias de clases C y D con fibra óptica, lo que debería ser objetivo de cualquier política pública”.
