La Corte Constitucional ordenó al Gobierno de Colombia implementar un sistema de telefonía móvil en cárceles y centros de reclusión del país, para que los internos puedan utilizar el servicio. El Ministerio de TIC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) serán los encargados de ejecutarlo. Tendrán seis meses para hacerlo.
El objetivo es que los reclusos puedan recibir llamadas y contar con un servicio que se ajuste a su condición económica, de manera que se cumplan de forma efectiva sus derechos relacionados a la comunicación, entre los que está contar con información del mundo exterior y dialogar periódicamente con sus familiares, entre otros.
“Las tarjetas telefónicas se convirtieron en papel moneda que circula y se establece un sistema de comercio que comercial la corrupción e ilegalidad”, expresó la Corte como argumento de la medida, en declaraciones tomadas por el periódico local El País. En paralelo, se deberán tomar medidas para evitar que los dispositivos sean usados con fines delictivos.
En paralelo, sugirió al Gobierno Nacional que se incluya al Ministerio de TIC al Consejo de Política Criminal para que participe en la construcción de la política penitenciaria y que implemente “un modelo de acceso a Internet u otros medios de comunicaciones que contribuyan a hacer más eficiente las comunicaciones de las personas privadas de la libertad con el exterior”.
