El proyecto de ley que regula la responsabilidad de intermediarios de Internet en Argentina ya recibió el visto bueno del Senado y de las comisiones de Defensa al Consumidor, la de Comunicación e Informática y la de Justicia de la Cámara de Diputados. Ahora, la iniciativa deberá aprobarse en tablas.
La Cámara Argentina de Internet (Cabase) ya se había mostrado a favor de la iniciativa y en igual sentido se pronunciaron otras cámaras locales, organizaciones sectoriales, de la sociedad civil y académicas.
La aprobación de la ley “será un paso de trascendental importancia para el desarrollo de Internet en nuestro país y la protección de los derechos fundamentales de los usuarios”, se indicó en una nota enviada a los jefes de bloque de Diputados firmada, además de Cabase, por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), la Federación Latinoamericana y del Caribe de Internet y el Comercio Electrónico (eCOM-LAC), la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) y la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra).
De aprobarse sin cambios, se establecerá que los intermediarios tecnológicos no son responsables por los contenidos que generan los usuarios ni están obligados a monitorearlos, excepto bajo una orden judicial. Al mismo tiempo, establece mecanismos de protección judicial para quienes se consideren afectados por los contenidos generados por terceros.
La GSMA y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) también esperan que la Cámara Baja apruebe finalmente el proyecto “con el objetivo de proteger la libertad de expresión” y destacaron que la normativa dará certeza a la actividad de los proveedores de Internet, favorecerá la innovación y contribuirá al desarrollo del ecosistema digital.
En paralelo, 13 organizaciones civiles y académicas, entre ellas Access Now, Internet Lab, Fundación Vía Libre y el Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, también mostraron su respaldo. “Los intermediarios tienen un rol crucial en los derechos fundamentales de Internet y se debe amparar a la ciudadanía de cualquier regulación que desnaturalice su función y les otorgue potestades de remoción de contenidos que son exclusivas del Poder Judicial. Nunca debe ser el sector privado el encargado de dirimir la legalidad o no de la información publicada por un usuario de Internet”, expresó el documento.
