El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el régimen de urgencia para tratar el proyecto 470/18, presentado por el Senado, por el que se exige a los operadores celulares bloquear la señal de teléfonos en penitenciarías. Para ejecutarlo, se usarán recursos del Fondo Penitenciario Nacional (Funpen, por sus siglas en portugués).
En el debate, Fábio Trad, del Partido Social Democrático, resaltó que la instalación de los bloqueadores perfecciona los mecanismos de seguridad en instituciones correccionales. Betinho Gomes, del Partido de la Social Democracia Brasileña, por su parte, agregó que la inhibición de señales es una acción clave para debilitar las acciones de crimen organizado.
Hubo 394 votos a favor de la urgencia y dos en contra. Los legisladores Iván Valente (Partido Socialismo y Libertad) e Hildo Rocha (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) criticaron que los recursos para bloquear las señales salgan del gobierno y no de los operadores. Rocha agregó, en declaraciones tomadas por Convergencia Digital, que la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto que obliga a los operadores de celular a costear la instalación de inhibidores de señales en cárceles. Este proyecto, presentado por Baleia Rossi (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), aguarda su análisis en el Senado.
En la región ya fueron puestas en práctica medidas similares, como el caso de Honduras y Perú. El Salvador prohibió en 2016 la emisión de señales inalámbricas de Internet en un radio menos a 100 metros de los penales y en 2017 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó especificaciones y requerimientos para el bloqueo de señales en centros penitenciarios en México.
En contramano, la Corte Constitucional ordenó al gobierno colombiano la implementación de un sistema de telefonía móvil en cárceles y centro de reclusión para que los internos puedas utilizar el servicio y se cumplan, de esa forma, sus derechos relacionados a la comunicación.