El juez Hilton Queiroz, del tribunal Regional Federal, negó el pedido de revisión de la medida cautelar por la que hasta ahora se mantiene en suspenso la validez del acuerdo entre Telebras y Viasat para la explotación de la capacidad civil del Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones (SGDC-1). Las empresas volverán a generar pedidos formales para que se revierta esta determinación.
La novela empezó hace poco más de un mes, cuando Telebras y Viasat firmaron un contrato estratégico para avanzar en el uso comercial de la capacidad en banda Ka del satélite. Con ello la empresa privada podría anticipar su llegada al mercado local y la estatal cumplir con sus políticas públicas de forma más eficiente y rápida.
Desde el momento de la firma este contrato no fue bien visto por parte de la industria y esto se vio reflejado en acciones jurídicas en contra algunas semanas después. La compañía Via Direta presentó una acción contra las partes por pérdidas y daños. Alejó que venía negociando con la estatal un acuerdo para la explotación del SGDC y que hasta compró equipos para poder afrontar ese acuerdo, pero Telebras lo infringió sin motivo aparente.
“Telebras entregó el 100 por ciento de su capacidad disponible para comercialización a una sola empresa, creando un monopolio nocivo para el mercado de las telecomunicaciones brasileñas”, argumentó la denunciante. A su reclamo se le sumó el de los operadores, por medio de SindiTelebrasil, quienes señalaron que Viasat jamás trabajó en el país y que las empresas no fueron invitadas a participar de una disputa para la prestación del servicio.
Lo cierto es que el pedido de Via Direta fue tomado y se dictó la medida cautelar que, entre otros puntos, estableció que se realice una audiencia de conciliación obligatoria el próximo 25 de abril. Telebras y Viasat se quejaron y pidieron la nulidad del recurso y el juez Queiros ahora desestimó ese pedido, según publicó el portal local TeleSintese.
Pero esto recién comienza. Telebras y Viasat anunciaron que seguirán en busca de opciones legales que “permitan la continuidad de los propósitos del SGDC” teniendo en cuenta que la cautelar en curso ya generó prejuicios a la operación porque la puesta en marcha de servicios estaba prevista para inicios de abril. Los perjudicados, agregaron, son principalmente estudiantes y médicos de zonas rurales así como quienes nunca estuvieron conectados a Internet.
