Una decena de entidades mexicanas ya firmaron el convenio de Adhesión a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal y el país avanza en el objetivo de que 22.000 sitios públicos sean utilizados por operadores para el despliegue de infraestructura.De las 32 entidades federativas en las que se divide el territorio local, firmó el acuerdo el 31 por ciento. Se trata de Querétaro, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Sinalao y Nuevo León.La política pública fue presentada hace dos años con el fin de aprovechar los espacios públicos gubernamentales en proyectos de telecomunicaciones. Según la propuesta, que preveía 13.000 sitios en su primera etapa, los inmuebles pueden ser alquilados por las empresas a tarifas preestablecidas y por medio de una ventanilla electrónica única. Existen iniciativas con fines similares en otros países de la región, como el caso de Perú.Para la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), encargada de la iniciativa junto al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), esto permite más eficiencia, menor costo y mayor cobertura de servicios, además de cumplir con el artículo de la reforma sectorial que indica que los bienes estatales deben aprovecharse para promover despliegues para telecomunicaciones.