El estudio “Acelerando la revolución digital: banda ancha para América Latina”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Unión Europea (UE), deja al descubierto los puntos más débiles referidos al desarrollo de internet: “en el Estado Plurinacional de Bolivia, no es posible identificar objetivos específicos de desarrollo de banda ancha, ya que no se encuentran ni en la Constitución Política del Estado ni en el Plan Nacional de Desarrollo”. La prensa local se suma al panorama que presenta el estudio y califica al servicio de “caro y lento en comparación a la banda ancha disponible en los países vecinos”.
“1.700 familias se favorecerán con internet gratuito”, pregona un título en la edición dominical de La Razón, que bien parecería ir en dirección contraria a anunciado en el primer párrafo. Sin embargo, al adentrarse en la noticia resulta que las 1.700 familias accederán a la banda ancha gracias a la inauguración de un telecentro con sólo 20 computadoras. Es decir, si establecemos como familia tipo una de cuatro miembros, a partir de ahora existe una computadora por cada 340 personas.
Según informaron los medios locales, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) invirtió 115.000 dólares en la construcción de los ambientes, la dotación de los equipos, la mueblería, el cableado de la red y los sistemas de aterramiento. Amiprocal, por su parte, gastó 43.000 dólares en la conexión y el pago del servicio de internet.
El informe de la Cepal y la UE señala que la velocidad máxima de bajada comercializada en Bolivia, entre 2009 y 2010, era de 3Mbps. La situación allí es rezagada si se la compara con la realidad de otros países como Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, entre otros, en los que el Estado impulsa planes y políticas públicas para disminuir la brecha digital.
