El Estado panameño podría desprenderse de sus acciones en Cable & Wireless

Desde mediados de marzo, las acciones que el Estado panameño mantiene en Cable & Wireless Panamá (C&W) han vuelto a ganar un lugar en los medios. Desde que volvió a hablarse de una posible venta de las acciones del Gobierno en la empresa, desde algunos sectores han apuntado contra la solvencia del Estado bajo la administración del Presidente Ricardo Martinelli. Frente a estas versiones, desde un comunicado de Presidencia, el Gobierno respondió que no existen problemas en las finanzas nacionales.

De acuerdo con los medios locales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha indicado que el Estado se desprendería del 24 por ciento del paquete accionario del operador. Teniendo en cuenta que actualmente su participación asciende al 49 por ciento, aún retendría el 25 por ciento del total de acciones luego de la transacción.

Frank de Lima, titular de la cartera de Economía y Finanzas, indicó al periódico local La Estrella que la operación se realizaría en la Bolsa de Valores de Panamá, y sería exclusivamente para los panameños. El 24 por ciento de los papeles de C&W estaría valorado en alrededor de 350 millones de dólares, según recoge el diario.

El propio Martinelli había hecho alusión a la operación la semana pasada en su cuenta de Twitter al asegurar que, de venderse las acciones de C&W, los fondos se utilizarían para “darle agua a los panameños”, en alusión a los inconvenientes con este servicio público. Recientemente también Frank de Lima expresó que para mejorar la calidad del agua y extender el servicio a todos los habitantes se requiere una inversión de 1.000 millones de dólares en los próximos cinco a diez años. En ese momento, el funcionario agregó que el Estado podría su participación en alguna de las empresas mixtas para destinar los fondos resultantes en el servicio de agua.

Sin embargo, esta propuesta se encontró con el rechazo de algunos sectores, entre los que se incluye al Vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, distanciado de Martinelli.

A la negativa se sumó también Juan Carlos Navarro, Partido Revolucionario Democrático, quien además aseguró que el problema del agua potable se puede resolver sin la venta de las acciones de C&W. El dirigente explicó que los papeles del Estado en el operador de telecomunicaciones “son activos nacionales, que tienen que seguir produciendo, precisamente, para siempre seguir invirtiendo en agua, salud, educación y otros temas fundamentales para los panameños”.

El Estado panameño es el dueño del 49 por ciento de las acciones de C&W. Su participación fue retenida cuando C&W adquirió, en el año 1997, el 49 por ciento del estatal Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), junto con el derecho de controlar la operación. El Estado conservó su participación actual y el dos por ciento restante quedó en manos de los trabajadores. Esta participación es la más destacada entre las que el Estado posee en las denominadas empresas mixtas.

La empresa, por su lado, indicó que es respetuosa de los derechos y decisiones del Estado sobre su participación en el capital accionario de la compañía, pero recordó que en caso de presentarse eventualmente una colocación de acciones, la firma de origen británico posee el derecho preferencial a incrementar hasta en un cinco por ciento su participación accionaria. Esta opción proviene de una cláusula establecida en el contrato de compra de acciones de Inatel celebrado en 1997.

Así, si el Estado decidiera la venta finalmente, debería comunicar su decisión por escrito a la compañía y ésta contaría con un plazo de 15 días calendario para ejercer su derecho preferencial de compra. C&W además destacó que su relación contractual con el Estado panameño es excelente.

Lucas Ledesma es un periodista que cubre el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información desde 2004. Ha trabajado y colaborado en diversos medios digitales e impresos relacionados con estos sectores. En abril de 2007, se unió a Tele-Medios como editor de TeleSemana.com. Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) y un posgrado en Gestión Estratégica de las Comunicaciones en la Universidad de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires, Argentina).

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