El Consejo de Estado será el encargado de definir los alcances del proceso iniciado en 2007 por Comunicación Celular SA, Comcel SA (ahora Claro, América Móvil), en contra de Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM, ahora Une EPM),según informa el diario colombiano La República. El conflicto entre ambos operadores obedece a presuntas negligencias en el cumplimiento de un contrato celebrado entre ambas compañías en 2005, en el cual se establecían las condiciones para el acceso, uso e interconexión directa entre la red de telefonía móvil celular del por entonces Comcel y la red de telefonía básica conmutada local y local extendida de EPM.
En la denuncia, Claro señaló que existieron irregularidades en las adjudicaciones de líneas de telefonía, lo cual le habría causado perjuicios patrimoniales.