“Hay una contradicción entre las distintas políticas públicas”

Roberto Aspiazu, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel)

A la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) de Ecuador le preocupan hoy dos grandes temas: por un lado, las restricciones impuestas por el Consejo de Comercio Exterior (Comex) a la importación de equipos, y por otro, la falta de respuesta ante las solicitudes de espectro para redes de 4G. Esta última situación que se agrava por la reciente decisión de las autoridades de otorgar frecuencias a la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en lo que en opinión de Roberto Aspiazu, director ejecutivo de Asetel, configura una situación de discriminación a las empresas privadas.

Aspiazu sostiene que, mientras que las restricciones a la introducción de equipos en el país atenta contra las políticas públicas de inclusión digital, la falta de resolución ante el pedido de espectro —que impide desarrollar la 4G— va en contra “del interés del Estado en desarrollar un servicio público concesionado”. El titular de Asetel destaca, sin embargo, “la comprensión y el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel)”, lo que ayudó a la Asociación a abrir espacios de diálogo para que se revise esta situación.

¿Cuál es la principal preocupación de Asetel en la actualidad?

En el último tiempo, un tema que nos preocupa es que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) haya otorgado espectro adicional para el desarrollo de una red 4G a la empresa estatal, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y en la misma sesión de consejo haya postergado un requerimiento de los dos operadores privados, Claro (América Móvil) y Movistar, que se remontan en el caso de la primera a fines de 2010. Es decir, que tenían a la fecha, más de dos años. Estoy hablando de una sesión que tuvo lugar a fines de 2012.

No deja de ser una señal un tanto contradictoria, que mientras a una empresa estatal —que es un actor muy pequeño, en definitiva, en el mercado— se le otorga un espectro adicional para 4G —lo cual nos parece bien— no se esté haciendo lo propio con los actores privados, generándose por esa vía una suerte de discriminación.

Hay que recordar que en Ecuador, los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos. Es decir, cuando hay una concesión del Estado a operadores privados, se asume que debido a la imposibilidad de realizar las inversiones necesarias, vinculadas a ese servicio público, se otorga esa concesión a efectos a que el desarrollo corresponda a la inversión privada.

Pero en este caso, advertimos una suerte de discriminación con la que no podemos estar de acuerdo. Haremos todo lo posible desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones para que estos dos operadores privados tengan igual derecho.

¿Han tenido algún acercamiento con Conatel?

Sí, todo el tiempo. Yo soy parte de Conatel, en realidad. Si bien soy dirigente gremial, de acuerdo a la ley vigente —que todavía no ha sido reformada— las cámaras de la producción tienen uno de seis puestos en Conatel. Así que yo participo activamente en el consejo. Fui parte de esta discusión, en la cual obviamente yo manifesté de una forma u otra lo que acabo de indicar, que nos parece inconveniente esta suerte de discriminación.

Ya se ha hecho la valoración correspondiente, y si bien en un principio se intentó negar las solicitudes, alegando que los índices de calidad respecto a caídas de llamadas en particular, que originalmente había sido el justificativo para hacer el requerimiento de espectro adicional, pues no estaban mayormente afectados. Es decir, estaban dentro de los parámetros previstos en los contratos de concesión, de modo tal que se suponía que no justificaba el pedido de espectro adicional. Obviamente, lo que dijimos nosotros es, hay una transición de voz y SMS a datos fundamentalmente, de cara a las redes de nueva generación, y en reconocimiento a eso, debería otorgársele el espectro adicional que han solicitado. En cada caso se está solicitando adicionalmente, si la memoria no me falla, 15 MHz en 1900 MHz.

¿Y cuáles son las perspectivas?

Por ahora, eso pasa a manos de una comisión interinstitucional, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) para que presenten un informe a Conatel.

La valoración no la hemos visto, pero entendemos que eso ya está prácticamente listo. No se ha puesto en conocimiento de Conatel la valoración de 4G debido a esta circunstancia. Lo que se logró es que no se niegue el espectro, sino que se conforme esta comisión para ver cómo se procede en este caso.

Hay un malestar en las empresas privadas por esta discriminación. Se considera injusta e impropia del interés del Estado en desarrollar un servicio público concesionado.

¿Qué ocurre con las restricciones a la importación de celulares?

Nos preocupa es que estamos sometidos a una restricción para la importación de teléfonos celulares. Una restricción comercial en la que se ha alegado temas de medio ambiente y protección de la salud, pero que finalmente desemboca en problemas de balanza comercial y de pagos para un país que no tiene la capacidad de imprimir propia moneda, toda vez que estamos dolarizados.

Por esa vía se está originando un freno importante al desarrollo de las redes de nueva generación, ya sea la consolidación de 3G y 4G hacia futuro. En la medida en que no haya nuevos dispositivos no va a tener sentido desarrollar esas redes.

El año pasado hemos importado 148 millones de dólares para una base de abonado de 16,7 millones, aproximadamente —estamos con una penetración del 112 por ciento hoy—. El último año normal, sin restricciones, fue 2008, cuando llegamos a importar 318 millones de dólares, cuando la base de abonados era de 11,8 millones de usuarios. Nuestra lectura como industria es que una parte de ese mercado ha venido siendo suplida por el contrabando, por el mercado ilegal a través de la frontera.

Eso va a comenzar a frenarse también, porque vamos a empezar a implementar listas blancas a partir de marzo de este año. Listas blancas cuyo perfeccionamiento yo pensaría que se dará hacia el segundo semestre de este año. Pero eso va a impedir que teléfonos de contrabando, proveniente de mercado gris o negro, puedan ser activados. Entonces nos preocupa la perspectiva de un desabastecimiento que de alguna manera ya se está dando.

¿Cuál es la salida que proponen?

Hemos abierto un espacio de interlocución con el Consejo de Comercio Exterior (Comex), que regula y que impuso en junio del año pasado la restricción correspondiente, y con el apoyo del Mintel hemos abierto este espacio de análisis. En este momento estamos en fase de elaboración de un estudio que aclare y cuantifique de qué manera esta política de restricción comercial está afectando a la política pública de acceso a la banda ancha, Internet y las tecnologías de la información y comunicaciones, que por lo demás son una garantía constitucional. Advertimos que hay una contradicción entre una y otra política pública. Destaco, sí, que tenemos la comprensión y el apoyo del Mintel. Y aspiramos que esta política sea revisada en los próximos 60 días, y en particular para lo que tiene que ver con los teléfonos inteligentes.

¿En qué otros aspectos están trabajando?

Estamos viendo qué va a pasar con esta transición política. Las elecciones son el 17 de febrero, todo apunta a que el Presidente Rafael Correa sería reelecto, pero eso todavía tendrá que verse. Falta poco menos de un mes, y sabemos que la dinámica decisiva de los procesos electorales se da en las últimas semanas. Más allá de eso, un tema que seguimos manteniendo como prioridad en la agenda es lo relacionado con el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional a finales de 2011, y que obviamente no nos satisface en absoluto. Genera una discriminación entre actores públicos y privados —la asignación de espectro es ejemplificativa— y nuestra intención será siempre abrir un espacio de discusión de esa propuesta, y que por lo demás genera algunas complicaciones colaterales, como el hecho mismo de que ha sido fuertemente observada por la Unión Europea, de cara a un acuerdo comercial que estaría en su fase final.

¿Cómo ve en los últimos años la evolución de los servicios de banda ancha, dado los inconvenientes que tenía tradicionalmente el país con el acceso a las redes internacionales?

Eso se ha superado con la participación de TIWS (Grupo Telefónica) que prácticamente decuplicó la capacidad de cable submarino que tenía Ecuador allá por 2007. Eso permitió superar el cuello de botella que teníamos. Y de lo que conozco, TIWS está a punto de promover la ampliación del cable que actualmente sirve al Ecuador justamente para atender el crecimiento de la demanda. Yo pensaría que por ese lado ha habido un avance importante, incluso en términos de acceso a Internet, las cifras que viene manejando el Gobierno es que cerca del 60 por ciento de la población usa regularmente Internet, lo que no deja de ser un paso adelante. El hecho mismo de que Ecuador en el último año mejoró del puesto 102 a 89 en el índice mundial de competitividad. Eso está determinado por estos aspectos de acceso a banda ancha, Internet y telefónía móvil, factores que han incidido en esta mejora que no habíamos tenido en muchos años.

Creo que el tema se está moviendo en la dirección correcta, lo que no quiere decir que no tengamos algunos obstáculos que necesitan ser salvados. Lo que tenemos que superar es la visión estatista, que pregona que desde el Estado todo se hace bien mientras que desde el sector privado no ocurre lo mismo. Esto, toda vez que en el caso ecuatoriano, más allá de que hay una limitación de carácter constitucional en cuanto a la prestación de servicios públicos considerados estratégicos, en telecomunicaciones el 80 por ciento está en manos de actores privados. No deja de ser una dicotomía, y de ahí es el llamado que hacemos para que la legislación a futuro trate de procesar esta realidad, y no desconocerla.

Lucas Ledesma es un periodista que cubre el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información desde 2004. Ha trabajado y colaborado en diversos medios digitales e impresos relacionados con estos sectores. En abril de 2007, se unió a Tele-Medios como editor de TeleSemana.com. Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) y un posgrado en Gestión Estratégica de las Comunicaciones en la Universidad de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires, Argentina).

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