La Defensoría del Consumidor de El Salvador inició un proceso sancionatorio contra Digicel (Grupo Digicel) y Movistar (Telefónica) por facturaciones indebidas a sus usuarios en concepto del nuevo impuesto aplicado a los servicios de telecomunicaciones.
Como detalla el diario La Página, la causa se inició luego de que se presentaran ante el organismo más de 5.000 denuncias por cobros excesivos. La Defensoría corroboró la existencia de estas anomalías, que afectaron principalmente a los clientes prepagos.
Según representantes de la entidad, los operadores trataron de obstaculizar sus pericias, en las que detectaron el uso de publicidad engañosa e indicios de que estas empresas otorgan “menos tiempo aire del que los consumidores solicitan en sus recargas”.
Con el objetivo de subsanar esta situación, la Defensoría solicitó a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) que investigue anomalías en las prestaciones brindadas y pidió al Ministerio de Hacienda que determine a cuánto ascendieron los cobros realizados.
El pasado 29 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó un gravamen del cinco por ciento al pago de telefonía e Internet fija y móvil, datos y TV restringida, además de transferencia e importación de equipos y accesorios con vistas a financiar programas de seguridad.
Tras conocerse la noticia, la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel), integrada por las filiales locales de Claro (América Móvil), Digicel, Movistar y Tigo (Millicom), rechazó el impuesto en una carta enviada al presidente nacional Salvador Sánchez Cerén.
